Defensores ambientales de Cotabambas se enfrentan hasta 9 años de cárcel por protestar contra la minera Las Bambas; este 19 de marzo, apelarán su condena en Abancay, Apurímac. La defensa alega falta de pruebas y vulneración del debido proceso.
El pasado viernes 7 de marzo, CooperAcción participó mediante una ponencia en el IV Congreso peruano de humedales que se desarrolló el 7 y 8 de marzo en la Universidad Ricardo Palma. Este evento congregó a distintos actores de la sociedad civil interesados por la investigación en estos ecosistemas fundamentales, los cuales, a pesar de su gran importancia, siguen desapareciendo.
Comunidades campesinas de Espinar, Cusco, presentaron una demanda de amparo contra la Minera Antapaccay y el Estado, exigiendo justicia ambiental por la contaminación con metales pesados que afecta su salud, acceso al agua potable y medio ambiente. Solicitan medidas urgentes de remediación y fiscalización para proteger sus derechos.
El programa La Hora Verde dejó en evidencia que la lucha por la justicia para los defensores ambientales no solo es un tema de derechos humanos, sino también una condición esencial para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del Perú.
Una buena noticia para los 17 líderes criminalizados por protestar legítimamente contra la empresa MMG Las Bambas. En efecto, mediante Resolución No. 51, de fecha 31 de enero de 2025, notificada recientemente, la Sala penal de apelaciones – Sede central de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, confirmó el archivamiento del proceso penal por los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir.
El día de hoy, lunes 10 de marzo, diversas organizaciones y gremios de pescadores de la provincia piurana de Sechura convocaron a la suspensión de sus labores rechazando el Decreto Supremo N° 002-2025-PRODUCE que los obliga a pescar fuera de las tres y cinco millas marinas si es que quieren utilizar artes mecanizadas.
La tarde del viernes 7 de marzo se realizó la esperada audiencia de dirimencia en el proceso de amparo constitucional contra el proyecto minero Ariana, que amenaza la fuente de agua de 11 millones de personas en Lima y Callao. En esta audiencia, la jueza dirimente Rocío del Pilar Ruiz Arrieta escuchó los argumentos de ambas partes y deberá tomar una decisión en los próximos días.
El programa La Hora Verde dejó en evidencia la urgencia de movilizarse para enfrentar la ofensiva conservadora contra los derechos de las mujeres. Con unidad, educación y articulación con otros movimientos sociales, es posible frenar estos retrocesos y avanzar hacia una sociedad más equitativa.
El impacto de las precipitaciones ha sido severo, los daños provocados en centros de salud son cuantiosos y en las instituciones educativas podrían retrasar el inicio del año escolar previsto para el 17 de marzo.
El día jueves 06 de marzo, mientras se realizaba otra manifestación pacífica por los familiares de los fallecidos en accidentes en la Panamericana Norte, y por la caída del puente en Chancay, fue agredido por efectivos de la Policía nacional del Perú, Vladimir Cantoral, presidente del Frente de Defensa por la dignidad y libertad de Chancay.
Este viernes 7 de marzo, el Poder Judicial llevará a cabo una audiencia clave para definir el destino del proyecto minero Ariana, ubicado en la cabecera del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín. A pesar de que la justicia ha reconocido que esta mina representa una «amenaza cierta e inminente» para el acceso al agua potable y el derecho a un ambiente equilibrado, el caso aún no está cerrado.
La Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana renueva su coordinación (2025-2027) para continuar el trabajo frente a la contaminación por metales tóxicos. Priorizará el monitoreo del Plan Especial Multisectorial, la investigación sobre la transición energética y la exigencia de reparación a comunidades afectadas.
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