Continúa criminalización de defensores por Tía María

La Fiscalía provincial corporativa de Islay notificó el inicio de una tercera investigación preliminar contra diversos defensores y defensoras que se oponen al proyecto minero Tía María, en el Valle del Tambo, Arequipa.

Para FEDEPAZ, organización que defiende legalmente a algunos de los investigados, esta nueva medida evidencia una decisión gubernamental arbitraria orientada a imponer el proyecto minero a toda costa.

Esto debido a que las investigaciones se han iniciado sin pruebas consistentes, como ocurre en los casos de Juan Miguel Meza Igme y Rocío Rojas Zavalaga, a quienes se les acusa de delitos que no han cometido, según denuncian.

La organización advierte que estas imputaciones constituyen una vulneración de derechos fundamentales como el de organización, de petición y de protesta pacífica, reconocidos por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

“Desde FEDEPAZ denunciamos este comportamiento del gobierno peruano (…) dentro de lo que consideramos se trata de una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo”, indican.

Rechazo a Tía María

Distintos gobiernos han intentado imponer el proyecto cuprífero Tía María, pese a la firme oposición de la población del Valle de Tambo y de la provincia de Islay.

Este rechazo se expresó en la consulta vecinal realizada en 2009 en seis distritos de la provincia, donde el 97 % rechazó la actividad minera en el valle.

A pesar de los intentos de criminalización y las amenazas contra sus líderes, la población continúa organizándose, protestando y movilizándose en defensa del agua y la agricultura.

Las comunidades rechazan el proyecto porque temen que este afecte gravemente la cantidad y, sobre todo, la calidad del agua disponible para el consumo humano y la actividad agrícola en la zona.

Desde febrero hasta la fecha, los agricultores del valle han venido protestando de forma pacífica en rechazo al proyecto minero.

El pasado 13 de mayo, un grupo de personas se movilizó hacia el campamento minero de Tía María para manifestar su oposición a dicho proyecto. Es en ese contexto que aparece la nueva investigación contra los defensores.

Como parte de su estrategia de resistencia, las y los agricultores del Valle de Tambo han presentado dos demandas de amparo exigiendo el respeto a su voluntad y a sus derechos. La primera fue interpuesta en Arequipa por integrantes del Frente de Defensa del Valle de Tambo contra autoridades ambientales, el Gobierno Regional de Arequipa y la empresa Southern Copper Corporation. La segunda demanda fue presentada en Lima por representantes sociales con el respaldo de las organizaciones Red Muqui y FEDEPAZ, también contra las autoridades ambientales y la misma empresa.

Ambas acciones legales argumentan que el proyecto Tía María representa una amenaza directa al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, y que no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vigente, ya que este expiró en 2019, requisito fundamental para su ejecución. (Tomado de Servindi/ Red Muqui)