Promovemos la justicia climática y ambiental exigiendo un comportamiento más responsable de quienes realizan actividades de mayor impacto, así como, la existencia de instrumentos, herramientas y estrategias que ayuden a reducir los gases de efecto invernadero, la vulnerabilidad de las poblaciones y ecosistemas expuestos a las consecuencias del cambio climático o riesgos de desastres; y favorezcan la adaptación a nuevos escenarios. Para ello se pone un especial énfasis en la gestión del territorio, priorizando la gestión de cuencas, con la amplia participación de la población local y con el protagonismo de los gobiernos regionales y locales.
Promovemos el uso de los bienes de la naturaleza, garantizando su sostenibilidad para las generaciones futuras. Por lo tanto, propiciamos escenarios que permitan transitar del actual modelo de extracción exacerbada (extractivismo) de bienes naturales a uno más sensato donde se puedan construir otras opciones de desarrollo con matrices productivas más diversificadas y sostenibles.
Estas opciones alternativas de desarrollo, incorporan la participación ciudadana -de hombres y mujeres- en la toma de decisiones y la articulación entre los diferentes estamentos de gestión (nacional, regional y local), para la ejecución coherente de políticas públicas.
Durante años, la Amazonía ha significado un lugar de abundancia, misterio y conquista en el imaginario de diferentes actores públicos y privados. La idea de los bosques amazónicos como una fuente inagotable de recursos y terreno libre para la extracción; ha tenido como consecuencia su explotación descontrolada y el progresivo desplazamiento y desaparición de los pueblos indígenas que la habitan. Frente a ello, trabajamos junto con comunidades amazónicas afectadas por los impactos de la extracción de hidrocarburos y de oro; para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales y promover la protección y restauración de sus ecosistemas, en base a un enfoque de sostenibilidad y de buen vivir.
Acompañamos a las poblaciones en las zonas de influencia de actividades mineras (gran, mediana, pequeña y minería informal e ilegal), desarrollando un enfoque de defensa de derechos (económicos, sociales, culturales y ambientales).
Paralelamente, le damos seguimiento al ordenamiento legal vigente vinculado al sector e impulsamos propuestas de políticas públicas que busquen generar equilibrios en el marco de un diálogo e intercambio de saberes con las propias poblaciones involucradas.
Promovemos el desarrollo de instrumentos y diferentes metodologías de trabajo: zonificación económica ecológica (ZEE), agendas de desarrollo territorial, vigilancia comunal, estudios especializados, mapeos comunales, cartografía e información geográfica para contribuir con los procesos de gestión concertada del territorio en las zonas de influencia de extracción minera.
El agua y el territorio están íntimamente relacionados. Cuando miramos río arriba de una cuenca podemos ver la integralidad de la naturaleza; ríos, lagunas, nevados, bofedales son parte de un ecosistema. Frente a esto, el poder que tienen algunos actores que intervienen en la cuenca, la apropiación del agua por parte de las industrias extractivas y el despojo a las comunidades y ciudadanos se ha convertido en una amenaza.
La defensa del agua está dentro de la búsqueda de una gestión equitativa, justicia y mayor participación de todos los actores.
Buscamos que la ciudadanía de las zonas de influencia de los proyectos extractivos participe de las decisiones estratégicas que se tomen sobre ellos y de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de sus titulares. Con ese mismo propósito promovemos también la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, ya sea comunidades campesinas o nativas, sobre las decisiones más importantes adoptadas en el ciclo de estos proyecto, que afectan sus derechos e intereses colectivos. A través de la consulta previa buscamos que se garanticen los derechos de estos pueblos, sus medios de vida, su supervivencia física y cultural; así como sus opciones de desarrollo.
Creemos que el reconocimiento a las diferencias y la tolerancia a los valores y tradiciones de grupos étnicos, comunidades y poblaciones diversas, así como el derecho a ser respetados en su propia identidad, son las bases para la construcción de una sociedad democrática. La comprensión y respeto del otro desde su propia cosmovisión y modo de vida, el diálogo y debate en condiciones de igualdad efectiva, así como el intercambio de saberes y experiencias, permitirá avanzar en la resolución pacífica y sostenible de los conflictos sociales. Promovemos políticas que incluyan la diversidad cultural como un aporte estratégico al desarrollo y la consulta colectiva como mecanismo de convivencia para la construcción de una sociedad integradora. Consideramos imprescindible la construcción de consensos desde múltiples miradas.
Partimos de la convicción de que las mujeres y los varones somos iguales, tenemos iguales derechos y por lo tanto deberíamos tener iguales oportunidades, iguales beneficios, iguales responsabilidades. Consideramos que sí es posible la construcción y reafirmación de nuevos roles y nuevas relaciones de poder entre varones y mujeres, en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de subordinación ni discriminación. Apostamos a trabajar con las mujeres para empoderarlas y adelantarlas; pero también con los varones para sensibilizarlos, identificar con ellos las barreras que reproducen discriminación e impiden a las mujeres acceder a la toma de decisiones y al ejercicio de responsabilidades. Promovemos que las propuestas y acciones emprendidas desde las organizaciones sociales incorporen las necesidades e intereses estratégicos de varones y mujeres.
La protección y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con las que trabajamos es el objetivo principal de nuestras acciones. En el contexto peruano, este enfoque de derechos supone un gran desafío, pues nos demanda superar las acciones determinadas únicamente a la atención de necesidades, para centrarnos en la garantía de los derechos al medio ambiente, al territorio, a la identidad y a la vida, así como de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que sufren los impactos de actividades extractivas a gran escala en sus territorios. Así, trabajamos con hombres y mujeres como titulares de derechos, promoviendo su acceso a la información y participación en las decisiones que los afectan; asimismo trabajamos con los gobiernos, en su rol de garantes de derechos y obligaciones respecto a los derechos humanos, recogidas a nivel nacional e internacional.
Promovemos que las poblaciones y comunidades se apropien de su territorio, a través del conocimiento detallado y profundo del mismo, busquen transformarlo para posibilitar procesos de desarrollo y para resolver problemas y desequilibrios existentes que no les permiten alcanzar su bienestar. En esos procesos promovemos la recuperación de prácticas, herramientas y tecnologías ancestrales; así como el trabajo comunitario, ya que son ventajas que permite a las poblaciones gestionar de manera adecuada territorios altamente complejos como los que existen en los Andes y en la Amazonía peruana. La gestión participativa del territorio, que se inicia con un proceso de diagnóstico y planificación, permite que la relación de las empresas extractivas y las poblaciones o comunidades sea más justa y equilibrada.
