Lamentablemente, el Estado de Emergencia resulta ineficaz para debilitar la minería ilegal y el crimen organizado. La violencia sigue en auge y las víctimas fatales son una consecuencia de ello.
CooperAcción, organización de la sociedad civil comprometida con la defensa de los derechos humanos y la justicia ambiental, rechaza la aprobación de la Ley anti-asociatividad, denominada “nueva Ley APCI”, por parte del Congreso de la República.
El derrame del hidrocarburo en Talara ha afectado severamente la pesca, y la calidad de vida de los pescadores y sus familias. Además, el desastre ambiental ha impactado en otras actividades económicas importantes como el turismo, comercio, entre otros.
Por el bien de la pesca artesanal, la conservación de las especies y ecosistemas marino costeros, esperemos se comience a fiscalizar dicha reglamentación y asegurar el cumplimiento de la Ley N° 31749 por parte de las instituciones del Estado correspondientes.
Como parte de la criminalización a los defensores ambientales ya no solo se aprecia hostigamientos, juicios que duran años y hasta décadas, también hay casos de sentencias firmes que representan la pérdida de libertad de varios dirigentes.
Los humedales han sido ecosistemas estratégicos desde siempre y han contribuido al desarrollo de las civilizaciones antiguas y contemporáneas. En la actualidad, aproximadamente la subsistencia de 1000 millones de personas depende de estos ecosistemas.
En el Primer Informe Bienal de Transparencia del Perú (presentado en diciembre de 2024), el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) estimó que para el logro de nuestros compromisos climáticos (NDC) se requieren S/ 186 296 millones de soles. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha invertido un presupuesto (PIM) que acumulado llega a ser de manera directa solo el 11.4% de lo que se necesita.
Han pasado ya tres años del derrame de hidrocarburo ocurrido en la Pampilla, y hasta hora nuestros ecosistemas, biodiversidad, y compañeros pescadoras y pescadores, siguen pidiendo justicia y que la empresa RELAPASA S.A.A. se haga cargo de manera eficiente del desastre que ocasionó.
El derrame de petróleo producido en el mar de Talara (Piura), bajo responsabilidad de la empresa estatal Petroperú, ha instalado una gran crisis social en el norte peruano. Miles de pescadores y trabajadores de la costa peruana se encuentran sin trabajo en plena temporada alta y no saben qué hacer ante la lentitud del Estado para resolver el problema.
Es importante que se trabaje una estrategia para afrontar este tipo de eventos climáticos marinos y poder reducir sus impactos en la población, ya que la tendencia muestra que se volverán a repetir en los próximos años.
Repsol es sancionada por mentir en caso de derrame de petróleo en Ventanilla.
Con una cartera de proyectos de oro poco relevante y una participación de la minería informal e ilegal galopante, todo indica que al Perú le costará recuperar una ubicación estelar en la producción mundial del metal amarillo.
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