Nuevamente anuncian inicio del proyecto Tía María para este año
Vuelven a la carga. Durante el gobierno de Dina Boluarte, se han dado varias expresiones en torno a la reactivación del controvertido proyecto minero Tía María en Arequipa. La misma presidenta se ha encargado de hacerlo, y varios de sus ministros de Energía y Minas han sido entusiastas propagandistas del proyecto, en el marco de un contexto donde se ha intensificado la vocación extractivista de este gobierno.
Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció que la construcción del proyecto minero Tía María se iniciaría entre agosto y septiembre de 2025[1]. El titular del MINEM comentó que este proyecto habría logrado avances en aspectos sociales y ambientales, lo que permite proyectar su ejecución sin mayores contratiempos.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Julio Cáceres Arce, lamentó que en las protestas en el valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María haya – según él – un componente político. “En el fondo no existe un sustento real de por qué se están oponiendo”, dijo[2].
Cabe recordar que, desde el 17 de febrero, ciudadanos del Valle del Tambo, ubicado en la provincia de Islay, iniciaron un paro indefinido en rechazo a los proyectos mineros Tía María y La Tapada, impulsados por la empresa Southern. La protesta exige la cancelación definitiva de ambos proyectos que, según los manifestantes, representan una amenaza para el medio ambiente y para la supervivencia de la agricultura de la zona.
El proyecto minero Tía María, ha sido objeto de controversia y debate durante más de una década. La empresa Southern Perú Copper Corporation ha propuesto la extracción de cobre a través de un proceso de lixiviación, lo que ha generado preocupación en la población local debido a los posibles impactos ambientales y sociales.
La empresa Southern Perú Copper Corporation ha actualizado su presupuesto de inversión para el proyecto Tía María a US$1.802 millones, confirmando su intención de iniciar la construcción en 2025.
A pesar de la fuerte oposición de las comunidades del Valle de Tambo, el gobierno de Dina Boluarte ha manifestado su respaldo al proyecto, considerándolo “un motor de crecimiento económico y generación de riqueza para el país”. En su último mensaje a la nación del 2024, la presidenta Boluarte señaló que Tía María sería una realidad, destacando el rol multiplicador de la inversión minera y su potencial para cerrar brechas sociales.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la preocupación expresada por las organizaciones sociales del Valle de Tambo, diversas organizaciones ambientales y expertos, quienes advierten sobre los riesgos de imponer proyectos mineros cuestionados que no cuentan con licencia social y mediante del uso de la fuerza, como ha ocurrido en varios casos que han traído intensos conflictos sociales, tales como el caso Conga, Tambogrande, Las Bambas, entre otros.
El rechazo al proyecto Tía María ha sido expresado en diversas manifestaciones desde el 2009, cuando se realizó una consulta vecinal en seis distritos de Islay, que reveló que el 97% de la población votó en contra de la minería en la zona y del uso de aguas subterráneas y superficiales para estos fines. Sin embargo, Southern Perú ha persistido en sus intentos por avanzar con el proyecto, mientras que las protestas se han intensificado con el paso de los años.
A pesar de los esfuerzos comunicacionales de la empresa, los agricultores han puesto en duda sus promesas. Los opositores al proyecto han señalado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados por Southern Copper no abordan adecuadamente los riesgos de contaminación atmosférica y la afectación de los recursos hídricos. Señalan que cualquier alteración de la calidad del agua podría tener un impacto devastador para la agricultura local y para la salud de los habitantes, que dependen de los recursos naturales para sus actividades económicas.
En este contexto, es fundamental que el gobierno garantice que se respete la voluntad mayoritaria de la población del Valle. Es fundamental que el Estado cumpla su rol de garante de los derechos de la población y no aparezca – como ocurre actualmente- como promotor y aliado de la empresa minera. Los agricultores del Valle no son “personas manipuladas por “agendas” de ONGs o por agitadores políticos, como pretenden señalar los propagandistas del extractivismo. Son en su mayoría productores agrarios, gente del agro y de los negocios, que cuentan con asesores técnicos y están muy bien informados de los riesgos de la implementación de un proyecto minero sobre sus tierras.
Mientras la empresa Southern no logre la licencia social, el proyecto Tía María no podrá implementarse. Pero parece que el gobierno está dispuesto a que se abra un nuevo flanco de conflicto social con tal de lograr ese cometido. Esperemos por el bien del Valle de Tambo, de Arequipa y de todo el país que se respete la voluntad de ese pueblo.
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