la Policía Nacional del Perú (PNP) es una institución en crisis. Su imagen está por los suelos y casi todas las semanas aparecen denuncias contra miembros de la PNP de diferentes estamentos y jerarquías, vinculados a bandas criminales, casos de corrupción, entre varios otros delitos.
El discurso del 28 de julio y sus confusos 7 objetivos, pretenden materializarse en esta delegación de facultades que puede terminar siendo un tremendo paquetazo anti derechos ambientales, laborales, sociales y demás. Habrá que ver la capacidad de respuesta que tendrá la Cámara de Diputados que, en una primera instancia, deberá revisar el pedido del Ejecutivo.
La decisión de dar luz verde al proyecto se tomó en un contexto de fragilidad política y bajo un manto de secretismo, pero el defecto más grave reside en el instrumento ambiental. Es, francamente, irresponsable intentar operar una mina con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de hace once años: el ecosistema, las comunidades y los riesgos han cambiado.
La compra de Panamericana Televisión por este grupo minero puede representar un nuevo capítulo que pone en evidencia el enorme poder económico de este tipo de minería que, en la actualidad, también disputa influencia política y social a nivel nacional. Un medio de comunicación puede ser un instrumento importante en esta estrategia de expansión e influencia.
Todo indica que, en los próximos años, la producción de oro no va a aumentar de manera significativa y la participación de la pequeña y mediana minería será cada vez más relevante, mientras que la producción del estrato de la gran minería, seguirá cayendo.
Si bien es cierto que las experiencias de fundiciones y refinerías en el Perú han provocado graves problemas de contaminación (como el caso de La Oroya y la de Ilo), la realidad muestra que el modelo de minería implementado en el Perú se ha resignado a ser el más básico, es decir a extraer y exportar piedra chancada. El título de industria minera le queda grande a la minería que se desarrolla en el Perú.
Al parecer, la evaluación de los dirigentes mineros y asesores, es que ha llegado el momento de aprobar una Ley Mape. Saben que tienen el control de la Comisión de Energía y Minas, una bancada multipartidaria que los apoya y un Ejecutivo débil que se allanará a lo que digan las fuerzas políticas del Congreso.
La presencia de organizaciones criminales, en varios casos con capacidad de operación en varios países de la región, representa todo un desafío que hasta el momento no tiene respuesta de parte del Estado peruano. Además, todo indica que las acciones nacionales serán insuficientes: cada país enfrentando de manera aislada una actividad que cuenta con actores con capacidad operativa a nivel transnacional, es difícil que pueda obtener algún tipo de resultado.
El reciente fallo del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía (MEF) a favor de las mineras MMG Las Bambas, Chinalco y Shouxin, sienta un precedente peligroso para la recaudación tributaria nacional.
El hallazgo sin vida de los 13 mineros que habían sido secuestrados el pasado 25 de abril, es un nuevo capítulo de la espiral de violencia que se vive en esta provincia de la sierra de La Libertad.
El pasado martes 22 de abril se conoció la noticia: los 11 dirigentes sociales de Cotabambas fueron finalmente absueltos por la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Como se recuerda, ellos habían sido sentenciados, en primera instancia, con penas de entre 8 y 9 años de prisión y reparaciones exigidas por la empresa propietaria de Las Bambas del orden de los US$ 80 mil.
CooperAcción, organización de la sociedad civil comprometida con la defensa de los derechos humanos y la justicia ambiental, rechaza la aprobación de la Ley anti-asociatividad, denominada “nueva Ley APCI”, por parte del Congreso de la República.
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