Mensaje presidencial y delegación de facultades
Con un discurso que duró 54 minutos, Keiko Fujimori inició su mandato, anunciando que ofrecía método, disciplina, trabajo y una ruta clara. Lo cierto es que, con la lectura de un documento de 14 páginas, se iniciaron los 1826 días que va a durar su gestión. “Ni un día más”, ha dicho la nueva gobernante.
El discurso anuncia una serie de políticas y un conjunto de obras, en principio, organizadas en 7 objetivos: emergencias y seguridad ciudadana; la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos; apuntalar el crecimiento de nuestro capital humano y la productividad del país, con calidad y disponibilidad de infraestructura; la construcción de un Estado al servicio de los ciudadanos, que facilite la inversión y el desarrollo; garantizar la sostenibilidad fiscal; el fortalecimiento del estado de derecho, la democracia y las instituciones; el fortalecimiento de la política exterior, priorizando la construcción de alianzas para la integración.
Objetivos tan amplios que, en realidad, cada uno agrupa a más de uno y que están acompañados de un conjunto de iniciativas que terminan siendo una sumatoria de generalidades, con metas poco realistas, una lista de obras de infraestructura y varios otros ofrecimientos.
Pero más allá del discurso, lo que hay que comenzar a mirar con atención es el pedido de delegación de facultades que ha preparado el Ejecutivo para que, durante 120 días, pueda legislar en diversas materias.
En los documentos que han comenzado a circular desde el 29 de julio, las facultades solicitadas abarcan materias tan amplias como: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción y protección de la micro y pequeña empresa, fomento de la formalización, promoción del empleo y la protección social, impulso del desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, temas tributarios, reforma del Estado, facilitación del comercio, entre otros.
Por ejemplo, en minería se anuncia que se dictarían medidas para optimizar el marco normativo aplicable a todos los estratos y modalidades de este sector, incluyendo la promoción de la inversión, simplificación de requisitos, competitividad, en materia ambiental, formalización, otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones, catastro, permisos, autorizaciones y certificaciones, propiedades superficiales, trazabilidad, asistencia técnica, desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos.
De manera más precisa, en materia ambiental se pretendería aplicar el silencio administrativo positivo a la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, incluso cuando un proyecto se ubique o se superponga con áreas naturales protegidas, territorios de pueblos originarios o zonas con restos arqueológicos, así como cuando le corresponda un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). También se buscaría excluir de la obligación de contar con un instrumento de gestión ambiental a las intervenciones de reposición, mantenimiento o mejoramiento que se ejecuten sobre infraestructura existente. Las opiniones vinculantes deberán ser emitidas dentro del plazo máximo previsto y si este vence sin pronunciamiento, la opinión se tendrá como favorable.
Otra propuesta en materia ambiental apunta a permitir que la certificación ambiental se efectúe de manera diferenciada por tramos o componentes, según el nivel de impacto de cada uno, sin afectar la evaluación integral del proyecto y se incorporaría una excepción a la pérdida de vigencia de los estudios de impacto ambiental correspondientes a proyectos que todavía no hayan iniciado la etapa de ejecución física (¿Tía María?). En relación a los títulos habilitantes que correspondan a los gobiernos regionales y locales, se plantea la aprobación automática de los permisos, autorizaciones, licencias y demás títulos habilitantes. En suma, todo un paquete de desregulación ambiental que suena como música celestial para el empresariado minero.
En materia tributaria, se pretendería eliminar la posibilidad que la SUNAT demande una resolución del Tribunal Fiscal, en función de los intereses del Estado peruano. Según la fundamentación del texto de delegación de facultades, lo que se pretende buscar es la mejora la seguridad jurídica (de las empresas) y evitar la litigiosidad.
El discurso del 28 de julio y sus confusos 7 objetivos, pretenden materializarse en esta delegación de facultades que puede terminar siendo un tremendo paquetazo anti derechos ambientales, laborales, sociales y demás. Habrá que ver la capacidad de respuesta que tendrá la Cámara de Diputados que, en una primera instancia, deberá revisar el pedido del Ejecutivo.