CooperAcción Informa

La protección de los bosques y las áreas verdes, la respuesta al cambio climático, la fiscalización de las actividades extractivas y los derechos de los pueblos indígenas requieren compromisos que vayan más allá de las declaraciones y se traduzcan en políticas, presupuestos e instrumentos de gestión efectivos.

Los incendios forestales no constituyen únicamente una emergencia ambiental. También representan una amenaza para la vida, la seguridad alimentaria, los medios de vida de las familias rurales y los ecosistemas andinos.

La Comisión de Constitución, que tiene en sus manos la elaboración del predictamen sobre el pedido de delegación de facultades planteado por el Gobierno, sesionará hoy martes 29 y mañana miércoles 30 de septiembre. La primera jornada será desde las 2 p. m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo, y en ella se verán las cuatro primeras materias de la solicitud. La segunda será el miércoles, desde las 9 a. m., en el mismo lugar, con las cuatro materias restantes.

Solicitamos al Ejecutivo y al Congreso de la República, que no se otorgue facultades en materia ambiental y no prioricen actividades extractivas por encima de los derechos fundamentales y la conservación del patrimonio natural en las áreas naturales protegidas – ANP, y promuevan el respeto del derecho a la vida e intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. 

¿Se puede encarar una política seria y sostenida de formalización de la pequeña minería y minería artesanal con estos recursos? De ninguna manera. Que quede claro, la formalización minera y la lucha contra la minería ilegal no ha sido una prioridad en los últimos años y tampoco lo será el próximo año, bajo la administracion del nuevo gobierno.

La recuperación inmediata de este humedal y su puesta en valor por su significado ecológico para la Costa Verde es una acción urgente que debería ser considerada no solo por la futura autoridad de Barranco sino también por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

De aprobarse, tal y como está redactada, queda abierta la posibilidad para que el gobierno pueda legislar sobre diferentes materias, incluidos los temas ambientales y sociales vinculados a la minería, sin los mecanismos de control adecuados.