Firman Pacto por la Justicia Ambiental que será entregado al Papa
Se asumieron diez compromisos por la Justicia ambiental que cuentan con firmas de ministros, jueces, fiscales, organizaciones civiles y ciudadanía. Esa es la promesa del Pacto por la Justicia Ambiental, presentado ayer por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y que será entregado al papa León XIV durante su próxima visita al Perú.
¿De qué pacto hablamos?
El documento actualiza el Pacto de Madre de Dios, suscrito en 2017 y entregado al papa Francisco en el 2018. Nueve años después, el Poder Judicial propone reconocer avances, identificar brechas y proyectar una agenda institucional al 2030.
En la ceremonia estuvieron el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; el juez supremo Ramiro Bustamante; el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza; la lideresa indígena Teresita Antazú; además de representantes de la academia y la sociedad civil.
La presidenta del Poder Judicial reconoció que “la realidad ha cambiado y los desafíos se han vuelto más complejos”, y mencionó la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, las actividades ilícitas que afectan los ecosistemas, las amenazas contra las personas defensoras del ambiente y los efectos del cambio climático.
Es, además, el diagnóstico que las comunidades, los pueblos indígenas, las rondas campesinas, las y los monitores y vigilantes ambientales vienen denunciando desde hace años, muchas veces sin ser escuchados y, en no pocos casos, criminalizados por defender su territorio.
Los compromisos que exigen la justicia ambiental según el Pacto están orientados a:
- Garantizar un acceso efectivo a una justicia ambiental especializada, oportuna, eficaz e intercultural.
- Fortalecer la prevención, investigación y respuesta frente a los delitos ambientales.
- Proteger a las personas defensoras del ambiente, sus derechos humanos y sus territorios.
- Garantizar un marco legal que resguarde a los pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
- Proteger los ecosistemas, la biodiversidad, el agua y la naturaleza.
- Integrar la justicia y resiliencia climática en la administración de justicia.
- Asegurar transparencia, acceso a la información y participación ciudadana.
- Garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación, remediación y restauración ante daños ambientales.
- Impulsar una agenda nacional al 2030, con cooperación entre instituciones, academia, pueblos indígenas y sociedad civil, y rendición de cuentas.
“Estamos afirmando que la justicia ambiental debe incluir una línea de trabajo institucional sostenida, con visión de largo plazo y que trascienda los periodos de una gestión”, señaló Tello.
El punto central: acercar la justicia a quienes más la necesitan
Durante el evento, Mariano Castro, director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de GRADE, puso el énfasis donde corresponde: acercar la justicia ambiental implica “reducir la barrera de distancia, costo, idioma, así como fortalecer la especialización de quienes administran justicia”.
Implica también, agregó Castro, “ofrecer información a tiempo y abrir espacios para que las comunidades puedan influir en las decisiones que afectan sus territorios”.
Precisamente ahí está el nudo. En el Perú, acceder a la justicia ambiental sigue siendo costoso, lejano y, muchas veces, en un idioma y con procedimientos ajenos a la realidad de las comunidades. Sin intérpretes, sin defensa legal accesible, sin información oportuna y sin mecanismos reales de participación, los derechos ambientales quedan en el papel.
El Pacto también plantea que se cumplan las decisiones de reparación, remediación y, cuando corresponda, restauración ambiental. Es un compromiso clave: en demasiados casos, las sentencias se dictan pero no se ejecutan, y los territorios quedan con el daño y sin reparación.
Temas que deben ponerse sobre la mesa
Para que este Pacto no sea una declaración circunstancial, desde una perspectiva de justicia ambiental y derechos, deberá traducirse en:
1. Protección efectiva, no solo nominal, para las personas defensoras.
El Perú sigue siendo un país riesgoso para defender el ambiente y el territorio. No basta con reconocer a las y los defensores: se requiere prevenir las amenazas, investigar los ataques, sancionar a los responsables y frenar la criminalización de la protesta y la defensa territorial.
2. Justicia intercultural en la práctica.
Respetar los sistemas de justicia, los conocimientos y las formas de organización de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. La interculturalidad no es un adjetivo del documento, es una condición para que las decisiones sean legítimas.
3. Participación vinculante, no consulta decorativa.
Las comunidades deben poder influir en las decisiones que afectan sus territorios, sus fuentes de agua y sus medios de vida, antes de que el daño ocurra, no después.
4. Prevención antes que remediación.
La deforestación, la minería ilegal, la contaminación de ríos y la expansión de actividades ilícitas no se resuelven solo con sanciones tardías. Exigen un Estado que prevenga, fiscalice y actúe a tiempo.
5. Rendición de cuentas con indicadores y plazos.
La agenda al 2030 que propone el décimo compromiso debe tener metas verificables, responsables institucionales y mecanismos de seguimiento con participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas. Sin eso, la rendición de cuentas será solo un acto protocolar ante el papa.
Un compromiso que debe trascender la visita papal
La entrega del Pacto al papa León XIV se presenta como una expresión de rendición de cuentas y de renovación del compromiso institucional del Perú con la justicia ambiental.
Desde CooperAcción, consideramos que la justicia ambiental no debe medirse por la foto de la entrega, sino por los compromisos que se asuman después en Madre de Dios, en la Amazonía, en los Andes y en la costa; en los ríos contaminados, en los bosques talados, en las comunidades que esperan titulación, agua limpia y protección.
La protección de la naturaleza y la protección de los derechos humanos, como señaló la propia presidenta del Poder Judicial, son dimensiones profundamente vinculadas. Un Estado que aspira a ser justo no puede permanecer indiferente frente a estas realidades.
Desde CooperAcción saludamos que el Estado renueve un compromiso con la justicia ambiental. Pero debemos recordar que un pacto vale por lo que garantiza en los territorios, no por la solemnidad de su suscripción.