Al priorizar únicamente la celeridad del procedimiento, lo que realmente se está haciendo es jerarquizar el avance del trámite por encima de la protección de recursos hídricos y áreas sensibles. Esta respuesta se alinea a la tendencia observada en los últimos años: eliminar lo que se percibe como “tramitología”.
En un contexto tan complejo, donde tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Internacional de Justicia han reconocido la amenaza del cambio climático como una situación que vulnera los derechos humanos, la región sudamericana enfrenta una contradicción. En vez de fortalecer la institucionalidad ambiental, las políticas estatales apuntan a reducirla y debilitarla.
. En un contexto de crisis climática, estrés hídrico y pérdida de biodiversidad, es necesario desarrollar políticas no solo de mitigación, sino que protejan preventivamente los suelos, pensando no solamente en extractivismos, sino en el desarrollo de nuevas economías, más sostenibles y que generen resiliencia climática.
Es necesario evaluar las normas que existen referente al proceso de formalización minera, pues éstas han sido ineficientes, y sólo han permitido que estas economías se desarrollen sin realmente crear beneficios colectivos. Además, es bien sabido que el REINFO es una puerta de escape para que la minería ilegal siga operando y se siga expandiendo.
La biodiversidad marina de la costa del norte de Perú se encuentra amenazada por un proyecto de exploración sísmica realizado por Anadarko Petroleum Corporation.
Lamentablemente, el Estado de Emergencia resulta ineficaz para debilitar la minería ilegal y el crimen organizado. La violencia sigue en auge y las víctimas fatales son una consecuencia de ello.
Como hemos podido apreciar en estos últimos años, la represión de los movimientos sociales se ha incrementado. Se ha utilizado la fuerza y medidas como Estados de Emergencia para controlar las protestas. Sin embargo, estas no han dado resultados.
En el marco de la Ley 28804, la declaratoria de emergencia ambiental era una herramienta con varias falencias respecto a su implementación, a la coordinación entre organismos del Estado y a su eficacia para controlar los efectos nocivos para el ambiente y las personas. La nueva Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental desarrolla ciertas modificaciones que buscan afrontar dichas falencias.
el dictamen aprobado busca ir más allá del control de gasto, busca controlar o neutralizar el accionar de las ONG. Para ello plantea la modificación de las funciones del APCI, dándole la tarea de registrar organizaciones que hacen activismo político, es decir que “buscar influir en las políticas públicas o en los procesos electorales”. Considera que hacerlo vulnera la Constitución y la ley de partidos políticos.
