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Si todavía alguien se sorprende porque nuestro sistema de salud público es tan precario y no tiene condiciones mínimas para enfrentar una situación de emergencia sanitaria como la que hoy nos toca vivir, sólo basta señalar que la evasión del Impuesto a la Renta e IGV equivale aproximadamente a S/ 60 000 millones que el Estado pierde anualmente: cinco veces todo el presupuesto que se le asigna al sector salud.

Inversiones que en nuestro país están enfocadas en la producción del cobre, que representa el 30% del valor de las exportaciones totales y concentra el 70% del valor de nuestra cartera de proyectos de construcción de minas. En otras palabras, nuestra dependencia con el cobre es muy fuerte, por lo tanto, los cambios en la cotización de este metal tienen efectos inmediatos sobre nuestra economía.

Es necesario que el Congreso derogue las leyes mencionadas (Decreto Legislativo Nº 1095 y Ley Nº 31012) a fin de cumplir estándares internacionales y  garantizar con ello,  los derechos humanos. Pues, consideramos que el sistema democrático tiene los mecanismos necesarios para hacer cumplir las medidas dispuestas, no siendo necesario endurecer esos mecanismos.

Una reforma integral del sistema de salud pasa, en primer lugar, por resolver este escollo histórico. De hecho, si el Perú hubiese alcanzado una presión tributaria mínima de 18% del PBI, tal como sucede en otros países de la región, hubiésemos logrado una recaudación adicional acumulada entre el 2002 y 2019 de 252,000 millones de soles adicionales.