Según los estados financieros de MMG, principal accionista de Las Bambas (62,5%), sus ingresos llegaron a US$ 1408 millones entre enero y junio, un 42% menos que el mismo periodo de 2021. En tanto, la utilidad neta atribuible a los accionistas es de US$ 79,5 millones, un descenso de 80%.
El subprefecto del Centro Poblado de Atcas, Wilmer Castillo Huamán, dijo que esperan la presencia de representantes del Estado y de la empresa para llegar a una solución antes que el conflicto se salga de las manos. Asimismo, agregó que los comuneros se oponen a que siga extrayéndose el oro de este asiento minero.
Es la primera demanda en el Perú presentada por una comunidad indígena exigiendo la aplicación del Convenio 169 de la OIT y cumplimiento del derecho a la consulta previa frente a actividades extractivas mineras inconsultas. Ante esta demanda, la respuesta del Tercer Juzgado Civil de Puno, en primera instancia, fue declararla improcedente pues el juzgado consideró que no se habría agotado la vía previa.
A través de un pronunciamiento emitido el 02 de septiembre, ODECOFROC denunció el peligro del levantamiento del Estado de emergencia luego que hayan solicitado en reiteradas veces al gobierno esta acción para combatir las economías ilegales que impactan diversas comunidades en la cuenca del Cenepa.
El deceso de los trabajadores se podría haber evitado, debido a que el Sindicato de Trabajadores Mineros Obreros y Empleados de la Sociedad Minera Corona S.A. Unidad Yauricocha ha informado que este tipo de accidentes ya había ocurrido anteriormente.
Como parte del paro indefinido en la provincia de Islay se mantuvo el bloqueo de la carretera Costanera en diversos puntos, sumándose a los piquetes del arco de ingreso a La Curva en el distrito de Deán Valdivia, otro similar en el sector de El Boquerón de esa misma localidad y otro en el ingreso al distrito de Islay-Matarani al lado norte de la provincia.
Como se recordará, entre el 23 de marzo y el 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del proyecto minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas, así como la calidad y cantidad del agua en el referido valle, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Respecto a la consulta previa solicitada por las comunidades originarias para el proyecto minero denominado “Integración Coroccohuayco”, el Minem se comprometió a retomar las acciones y gestiones para la implementación del proceso en el marco de la octava adenda suscrita. Para ello se plantearon tres ejes temáticos: educación, territorio y desarrollo sostenible.
La agenda de derechos ha estado totalmente ausente en esta campaña y el descrédito de la política, como hemos señalado, está acompañado de la apatía y la indiferencia de los electores. En estas condiciones, la posibilidad de construir procesos de gobernanza, por ejemplo, en los territorios con presencia minera, se complica aún más. Todo esto se traducirá en mayores tensiones y situaciones de conflictividad social, como consecuencia de la presión de la extracción minera y la degradación ambiental en todas sus escalas, más aún en un contexto de cambio climático y escasez de agua.
La minería metálica presentó una caída de 6.2% en julio de 2022, retornando a la tendencia negativa que se presentaba desde febrero del presente año y que solo fue revertida en junio (+1.1%).
Revise las normas relacionadas con actividades extractivas y derechos colectivos, publicadas en el Diario Oficial El Peruano desde el 25 de agosto al 28 de setptiembre del 2022.
Con el transcurrir del tiempo, los mineros ilegales e informales han ido ganando mayor influencia en el poder político y por ello no existe una voluntad real de abordar con seriedad y efectividad esta problemática.
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