Mientras los recursos sigan concentrándose en la atención postdesastre, el país permanecerá en un ciclo constante de reconstrucción. Avanzar hacia una gestión preventiva requiere voluntad política, planificación sostenida y una asignación presupuestal coherente.
Al priorizar únicamente la celeridad del procedimiento, lo que realmente se está haciendo es jerarquizar el avance del trámite por encima de la protección de recursos hídricos y áreas sensibles. Esta respuesta se alinea a la tendencia observada en los últimos años: eliminar lo que se percibe como “tramitología”.
Todo indica que, en los próximos años, la producción de oro no va a aumentar de manera significativa y la participación de la pequeña y mediana minería será cada vez más relevante, mientras que la producción del estrato de la gran minería, seguirá cayendo.
Es probable que no haya un predictamen digno de ser discutido y menos aprobado en el Congreso y, en medio de algunas movilizaciones y presiones de los mineros, se optará por el camino más fácil: patear el tema para más adelante con una nueva ampliación del Reinfo.
En ambos casos, el accionar inadecuado de los representantes de las instituciones del Estado ha permitido la vulneración de ecosistemas marino-costeros fundamentales, que albergan diversas especies y brindan múltiples servicios ecosistémicos.
La concesión petrolera en el norte representa una encrucijada para La Libertad y Lambayeque y para el país. Los potenciales riesgos sociales y ambientales son inmensos y, en muchos casos, irreversibles.
Cuando se habla de una transición energética justa y de una transformación social y ecológica que nos permita construir una sociedad post-extractivista, un desafío concreto es el de la movilidad urbana, que es uno de los mayores demandantes a nivel mundial de materiales y energía.
El nuevo MEF tendrá una tarea complicada: fortalecer las medidas que permiten que la economía crezca por encima del 3% y poner el pare a iniciativas que vulneren la sostenibilidad fiscal. Para esto se necesitaría un pacto fiscal con objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.
Si bien es cierto que las experiencias de fundiciones y refinerías en el Perú han provocado graves problemas de contaminación (como el caso de La Oroya y la de Ilo), la realidad muestra que el modelo de minería implementado en el Perú se ha resignado a ser el más básico, es decir a extraer y exportar piedra chancada. El título de industria minera le queda grande a la minería que se desarrolla en el Perú.
El Perú es un país con grandes extensiones de frontera, y debemos recordar que limita con cinco países: Ecuador y Colombia por el norte, Brasil y Bolivia por el este, y Chile por el sur. La lejanía de Lima y la histórica centralización han creado un vacío de poder que las economías ilegales están explotando con alarmante rapidez.
La directiva sigue siendo una herramienta con potencial transformador, pero los ajustes más recientes corren el riesgo de convertirla en un marco simbólico, difícil de aplicar en la práctica. Solo con el tiempo podrá evaluarse si las empresas logran adaptarse a las nuevas exigencias y si esta normativa cumple su promesa de cambiar de manera estructural el modo en que se conciben los negocios a nivel global.
El tráfico y lo ambiental son temas y valores distintos, y los estudios ambientales precisamente sirven para ponderarlos y tomar una mejor decisión. Confundirlos impide distinguir lo que está en juego y permite meter una agenda de contrabando.
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