La concesión petrolera en el norte representa una encrucijada para La Libertad y Lambayeque y para el país. Los potenciales riesgos sociales y ambientales son inmensos y, en muchos casos, irreversibles.
Cuando se habla de una transición energética justa y de una transformación social y ecológica que nos permita construir una sociedad post-extractivista, un desafío concreto es el de la movilidad urbana, que es uno de los mayores demandantes a nivel mundial de materiales y energía.
El nuevo MEF tendrá una tarea complicada: fortalecer las medidas que permiten que la economía crezca por encima del 3% y poner el pare a iniciativas que vulneren la sostenibilidad fiscal. Para esto se necesitaría un pacto fiscal con objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.
Si bien es cierto que las experiencias de fundiciones y refinerías en el Perú han provocado graves problemas de contaminación (como el caso de La Oroya y la de Ilo), la realidad muestra que el modelo de minería implementado en el Perú se ha resignado a ser el más básico, es decir a extraer y exportar piedra chancada. El título de industria minera le queda grande a la minería que se desarrolla en el Perú.
El Perú es un país con grandes extensiones de frontera, y debemos recordar que limita con cinco países: Ecuador y Colombia por el norte, Brasil y Bolivia por el este, y Chile por el sur. La lejanía de Lima y la histórica centralización han creado un vacío de poder que las economías ilegales están explotando con alarmante rapidez.
La directiva sigue siendo una herramienta con potencial transformador, pero los ajustes más recientes corren el riesgo de convertirla en un marco simbólico, difícil de aplicar en la práctica. Solo con el tiempo podrá evaluarse si las empresas logran adaptarse a las nuevas exigencias y si esta normativa cumple su promesa de cambiar de manera estructural el modo en que se conciben los negocios a nivel global.
El tráfico y lo ambiental son temas y valores distintos, y los estudios ambientales precisamente sirven para ponderarlos y tomar una mejor decisión. Confundirlos impide distinguir lo que está en juego y permite meter una agenda de contrabando.
No existe la voluntad política de llevar adelante una transición energética justa como reclaman las poblaciones que se ven afectadas por operaciones que presionan sus territorios y violentan derechos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio. ¿Es sostenible una “transición verde” global que sacrifica territorios del sur global para abastecer las necesidades del norte o del este? No lo es.
Los oleajes anómalos en la costa peruana son cada vez más frecuentes, tanto que ya deberían pasar de ser denominados “anómalos” a ser fluctuaciones frecuentes de nuestras zonas marinas.
Cualquier megaobra de infraestructura vial, bajo las condiciones actuales de reducida gobernanza y control ambiental en la Amazonía, es un medio para facilitar la depredación y degradación de sus ecosistemas. La Amazonía debe ser tratada y preservada como el santuario de vida que es, y los modelos de desarrollo y de transporte deben ser diseñados y adaptados a su fragilidad, no al revés.
La sesión de Bonn se cerró sin resultados concretos, dejando sin resolver casi todos los expedientes que serán retomados en Belém. Más que marcar avances, las negociaciones pusieron en evidencia las fracturas de la gobernanza climática: por un lado, la incapacidad de los países desarrollados para traducir los compromisos en instrumentos financieros y políticos vinculantes; por el otro, la creciente presión del Sur global, que exige recursos, reconocimiento y compromisos reales por parte del Norte.
En un contexto tan complejo, donde tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Internacional de Justicia han reconocido la amenaza del cambio climático como una situación que vulnera los derechos humanos, la región sudamericana enfrenta una contradicción. En vez de fortalecer la institucionalidad ambiental, las políticas estatales apuntan a reducirla y debilitarla.
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