Cuidado con la «doctrina del shock»

La «doctrina del shock» hace referencia a una idea tempranamente promovida por el fundador del neoliberalismo (esa versión extrema del liberalismo económico), Milton Friedman. Friedman señalaba que «solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero», y alentaba a sus seguidores a aprovechar esos momentos para lograr que «lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable». Cuando ocurrió el megadesastre producto del Huracán Katrina (2005), un ya anciano Friedman escribió: «La mayor parte de las escuelas en Nueva Orleans están en ruinas. Esto es una tragedia. También es una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo», en el sentido de su privatización.

Fue la canadiense Naomi Klein quien investigó y sistematizó décadas de «doctrina del shock», mostrando que ésta había sido usada en circunstancias tan diversas como la reconstrucción de Irak tras la invasión norteamericana o el tsunami en Sri Lanka el año 2004, entre otras. Esta doctrina «orienta los procesos de reconstrucción implementados como respuesta tanto a los efectos de intervenciones militares como a desastres naturales de distinto tipo, abriendo «apetitosas oportunidades de negocio» a los agentes, defensores y promotores del «capitalismo del desastre».», como lo denomina Klein. El objetivo: aprovechar la oportunidad para desmantelar el Estado y la lógica del bien común, y promover a nivel global el modelo de desarrollo neoliberal(1).

Hoy día en el Perú, ¿estaremos presenciando una nueva arremetida de este «capitalismo del desastre» para promover reformas que en otra circunstancia merecerían mayor debate y probablemente oposición social? A la luz de la experiencia, cabe observar con atención el rol que asuma la denominada Autoridad de Recostrucción con Cambios y las decisiones del gobierno en este conexto.

Lo primero que llama la atención es que esta Autoridad cuenta en su Directorio con la presencia de cuatro ministerios (MEF, Transporte, Agricultura y Vivienda) pero excluye al Ministerio de Ambiente, que como es evidente cumple un rol clave en lo que se refiere a amenazas climáticas. El MINAM debería tener voz y voto en la definición de los famosos «cambios» que incluya la reconstrucción, toda vez que es la autoridad responsable de las políticas de adaptación frente al cambio climático.

Más aún: la Ley de creación de esta Autoridad plantea un enfoque de «desarrollo sostenible» que supuestamente «considera la gestión de riesgos frente al cambio climático, (…) el uso eficiente de la energía, la gestión integral de los residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales, (…) la prevención y reducción de riesgo de desastres». ¿Quién sino el MINAM es el organismo idóneo para garantizar este enfoque? No se entiende su exclusión, salvo a la luz de una voluntad política -evidente en otras decisiones recientes- de reducir la importancia de este Ministerio en el conjunto del Estado.

En segundo lugar, es discutible el perfil de la persona elegida para cumplir con tan importante encargo: el empresario Pablo de la Flor. Como recuerda Tania Herrera en un artículo para el portal Disonancia, «en su cargado CV, donde resalta el perfil de un infatigable promotor de las inversiones privadas, no hay rastros de experiencia en ordenamiento territorial ni en mitigación de riesgos por fenómenos naturales». Por el contrario, lo que encontramos es «amplia trayectoria en beneficio de empresas extractivas (fue vicepresidente de la minera Antamina) y en procesos de negociación de tratados de libre comercio, como el TLC Perú-Estados Unidos». ¿Será este el mejor perfil para impulsar cambios en la gestión sostenible del territorio? ¿O se estará cometiendo, nuevamente, el mismo error de concepto que llevó a Julio Favre a la presidencia de FORSUR tras el terremoto en Ica?

Un punto poco claro es el de «obras por terrenos». La Ley de Recostrucción con Cambios señala que «la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras aprovechables, puede ser reconocida, de acuerdo a las condiciones y modalidades de retribución o compensación para el inversionista». Esta nueva modalidad se viene a sumar a otros dos esquemas que fomentan el retroceso del rol del Estado: las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos. Preocupa además que esto pueda tener impacto en el proceso en curso de concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes inversionistas, particularmente en la costa.

Uno de los puntos importantes de la Ley es la prohibición del asentamiento de viviendas en zonas declaradas como de «alto riesgo no mitigable» así como la prohibición a funcionarios o entidades prestadoras de servicios públicos de reconocer posesión o instalar servicios en las mismas. En la medida en que esto desincentive el crecimiento urbano en zonas vulnerables, este es un paso necesario. Sin embargo, al no brindar alternativas de vivienda reales para la población, será muy difícil cumplir a cabalidad con ello, pues las personas no se asientan en zonas de riesgo porque deseen hacerlo, sino por la ausencia de alternativas accesibles. La Ley sólo menciona como mecanismo el Bono Familiar Habitacional, que existe desde hace años y como es evidente no ha solucionado el problema.

En paralelo a la reconstrucción, el Gobierno viene tomando una serie de medidas que significan un retroceso en el ordenamiento territorial y que favorecerían una lógica más vinculada a los intereses económicos que a la participación ciudadana o a la sostenibilidad ambiental. El nuevo reglamento de organización y funciones (ROF) del MINAM le quita el rol rector en el ordenamiento territorial, lo que deja en el aire los procesos de zonificación y ordenamiento de muchas regiones que ya estaban en marcha, procesos que han contado con diversas etapas de consulta y diálogo local con participación de la ciudadanía. Todo indica que este rol será ahora asumido por el flamante viceministerio de Gobernanza Territorial, adscrito a la PCM y conducido por el empresario minero Javier Fernández-Concha.

Sin duda, la reconstrucción no puede ser «volver a construir» lo mismo y bajo las mismas lógicas. Todos estamos de acuerdo en que se requiere una reconstrucción con cambios: cambios que deben orientarse hacia la prevención, la adaptación y mitigación del cambio climático, la planificación y el ordenamiento territorial, la participación social y la sostenibilidad ambiental, poniendo en el centro el bien común y el interés público. Estemos atentos ante la posibilidad de que, siguiendo la «doctrina del shock», se pretenda utilizar esta tragedia nacional para impulsar una agenda subalterna.

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(1) http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/522/541

11 de mayo de 2017