La pregunta es si este gobierno tiene la capacidad de responder a la creciente conflictividad social. Todo indica que no, que no tiene ni la capacidad y tampoco la legitimidad para hacerlo. Un gobierno con apenas 8% de aprobación (según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos), difícilmente podrá hacer frente a las demandas diversas de la población.

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