Perú se hizo presente en el X Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos

Del 9 al 11 de junio se desarrolló en Panamá el X Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, un espacio que reunió a representantes de Estados, empresas, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para reflexionar sobre los avances y desafíos en la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, a quince años de su adopción.

La edición de este año tuvo como eje principal el fortalecimiento de la articulación, el diálogo y la construcción de puentes entre los distintos actores involucrados, con el objetivo de avanzar en la implementación efectiva de los Principios Rectores en cada uno de los países de la región. Durante las jornadas se destacó la necesidad de fortalecer la gobernabilidad democrática, garantizar el ejercicio de derechos y promover mecanismos de coordinación que permitan enfrentar desafíos persistentes, entre ellos la aplicación de procesos de debida diligencia reforzada y el desarrollo de mecanismos de justicia restaurativa para atender los impactos generados por actividades empresariales.

Como parte de las actividades previas al Foro, se realizaron espacios de articulación entre organizaciones y actores sociales, entre ellos el Caucus Indígena y el Caucus de Sociedad Civil. En este último participó la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú, espacio del que forma parte CooperAcción junto a diversas organizaciones nacionales comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos.

Uno de los temas que generó mayor preocupación fue la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente en distintos países de la región. Diversos participantes alertaron sobre los riesgos, amenazas y actos de violencia que continúan enfrentando quienes defienden sus territorios y recursos naturales, resaltando la responsabilidad de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de esta labor y la protección efectiva de sus derechos.

Durante los tres días de trabajo se desarrollaron sesiones de intercambio de experiencias, diálogo y construcción de consensos entre representantes del sector empresarial, la sociedad civil y los gobiernos. Estos espacios permitieron compartir herramientas y lecciones aprendidas para fortalecer el respeto de los derechos humanos, prevenir vulneraciones y garantizar mecanismos efectivos de reparación para las personas y comunidades afectadas.

Asimismo, se reafirmó la importancia de aplicar procesos de debida diligencia en las actividades empresariales, entendidos como mecanismos que permiten identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos que las empresas pueden generar en los derechos humanos y el ambiente. Junto con ello, se resaltó la necesidad de promover estándares de conducta empresarial responsable y fortalecer las responsabilidades corporativas en distintos ámbitos de actuación.

Las organizaciones y representantes de pueblos indígenas participantes insistieron en la necesidad de que tanto los gobiernos como las empresas garanticen el respeto de los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades. De igual forma, destacaron la urgencia de avanzar en procesos efectivos de remediación y reparación frente a los daños ocasionados a diversos ecosistemas por actividades empresariales.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil de distintos países denunciaron el progresivo cierre del espacio cívico y las restricciones que limitan la participación ciudadana en asuntos públicos, una situación que también genera preocupación en el Perú debido a las recientes medidas que afectan el ejercicio de derechos y el acceso a mecanismos de defensa y exigibilidad.

Entre los casos compartidos durante el Foro se abordaron situaciones de vulneración de derechos y riesgos para personas defensoras en el Perú, así como los impactos que enfrentan comunidades expuestas a metales pesados y sustancias tóxicas. Estos testimonios evidenciaron la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, reparación y garantía de no repetición frente a los daños causados.

En este contexto, destacó la participación activa de Luz Llayque, integrante de la Plataforma de Personas Afectadas por Metales Pesados y otras Sustancias Tóxicas de Cusco-Espinar (PAMETEC), quien intervino en diversos espacios de diálogo e intercambio compartiendo la experiencia de las comunidades afectadas en el país. Asimismo, Karina Castro, especialista de CooperAcción, contribuyó a las discusiones sobre debida diligencia empresarial mediante la difusión de herramientas y propuestas relacionadas con la actividad minera y la protección de derechos humanos.

Finalmente, entre los temas que marcarán la agenda regional en los próximos años se encuentran el impulso de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos y la promoción de la adhesión y ratificación del Acuerdo de Escazú en los países de América Latina y el Caribe. Ambos procesos fueron identificados como oportunidades clave para fortalecer los estándares de protección de derechos, el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Las discusiones desarrolladas en Panamá dejaron en evidencia que la implementación efectiva de los Principios Rectores continúa siendo una tarea pendiente en la región. Para ello, resulta indispensable avanzar en la aplicación de los principios de no repetición, el principio precautorio y la reparación integral de los derechos vulnerados, tanto en el ámbito internacional como en contextos nacionales como el peruano, donde persisten conflictos socioambientales y deudas históricas con comunidades afectadas por actividades empresariales.