Violencia y minería ilegal: los estragos en Pataz y el Cenepa

En su más reciente edición, el programa La Hora Verde analizó la creciente violencia vinculada a la minería ilegal en Pataz (La Libertad) y el Cenepa (Amazonas), dos regiones que enfrentan graves consecuencias sociales, ambientales y políticas debido a esta actividad ilícita. Con la participación de expertos y representantes locales, el programa profundizó en cómo esta problemática sigue expandiéndose en el país.

Guillermo Martínez, miembro de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), explicó que esta actividad no se limita a Pataz, sino que también afecta zonas como Santiago de Chuco, Otuzco y Quiruvilca, y está estrechamente ligada a delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato y el tráfico de armas y explosivos. Además, denunció la complicidad de algunos efectivos policiales, lo que contribuye a la creciente inseguridad en la región. En Pataz, los enfrentamientos entre bandas criminales y los ataques contra las infraestructuras de minería formal han aumentado considerablemente. Martínez también cuestionó la eficacia de los estados de emergencia, que no han logrado frenar la minería ilegal ni reducir los niveles de violencia.

Por otro lado, Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, señaló que la minería ilegal en el Cenepa ha desatado conflictos sociales, desplazamientos forzados y serios daños ambientales. Además, indicó que esta actividad ha generado divisiones internas en las comunidades indígenas y ha puesto en riesgo a los líderes que defienden el medio ambiente. Impi también denunció la presencia de grupos armados peruanos y ecuatorianos en la zona, quienes han abierto carreteras ilegales en la frontera, lo que representa una amenaza para la soberanía nacional. Exigió una intervención estatal efectiva y transparente, y que se anulen las concesiones mineras en territorios indígenas.

José De Echave, investigador de CooperAcción, señaló que la expansión de la minería ilegal se debe a varios factores, entre ellos los altos precios del oro, la debilidad del Estado y la falta de control en ciertas zonas del país. De Echave advirtió que esta actividad no solo desencadena violencia contra las comunidades que resisten su avance, sino también enfrentamientos entre bandas criminales y conflictos con la minería formal. Además, subrayó que los actores vinculados a la minería ilegal tienen cada vez más poder político, lo que les permite influir en decisiones legislativas, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según De Echave, esta actividad ilícita está respaldada por un gran poder económico y político, lo que dificulta su erradicación.

Los panelistas coincidieron en la urgencia de proteger a las comunidades indígenas y rurales que luchan contra la expansión de la minería ilegal. Matut Impi resaltó la necesidad de promover alternativas económicas sostenibles para estas comunidades, mientras que Guillermo Martínez criticó la narrativa gubernamental que favorece la minería sobre otras actividades productivas. José De Echave concluyó que es esencial revisar las políticas de concesiones mineras y diferenciar claramente entre minería ilegal, informal y artesanal. También destacó la importancia de proteger la Amazonía y reforzar la presencia del Estado en las zonas más afectadas por esta problemática.

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