TROPEZANDO CON LA MISMA PIEDRA- EDITORIAL AMP- MAYO 2023

El gobierno ha anunciado que se va a abrir un nuevo capítulo de insistencia del proyecto Tía María. El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, ha señalado que este proyecto forma parte de los planes de inversión y reactivación económica del desprestigiado gobierno de Dina Boluarte.

Por lo tanto, todo indica que nos podemos encaminar a un nuevo capítulo del  conflicto en torno a este proyecto minero. En realidad, nunca antes había pasado: Tía María es quizás el conflicto minero más recurrente en la larga historia de conflictos mineros en el país. Hasta antes de Tía María, cuando un proyecto generaba una gran movilización de resistencia de una población, el proyecto entraba en la “congeladora” por un buen tiempo: pasó con Tambogrande, con el Cerro Quilish, Río Blanco, Santa Ana, Conga y algunos casos más. En cambio, en el caso de Tía María, la insistencia por reactivar el proyecto ha ido a la par del rechazo de los agricultores del Valle de Tambo.

Recuperando la memoria

El primer capítulo de Tía María se remonta al período 2009-2011. En el mes de octubre de 2009 se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia y una abrumadora mayoría de la población se pronunció en contra del proyecto.  Un año después, las protestas ya habían arreciado en todo el Valle de Tambo, al mismo tiempo que la decisión del gobierno de entonces era aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se vivían los últimos meses del gobierno de García y, al parecer, el gobernante buscaba dejar el mayor número de proyectos aprobados.

Una de las principales controversias giró en torno a la consistencia del EIA que había presentado la empresa. Fue en ese contexto que el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció que había firmado un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y que el primer estudio que revisaría este organismo, precisamente, sería el de Tía María.

UNOPS revisó el EIA y sus conclusiones fueron contundentes: presentó nada menos que 136 observaciones que destrozaron el EIA de la empresa. El informe de la UNOPS, en la práctica, le dio sustento técnico a las preocupaciones de los agricultores del Valle de Tambo. Luego de su difusión, el EIA tuvo que ser encarpetado. Ni siquiera la empresa minera intentó continuar con el trámite administrativo para su aprobación. De esa manera, se cerró el primer capítulo de Tía María.

Luego de dos años se abrió el segundo capítulo. La empresa minera decidió intentarlo de nuevo e implementó una nueva estrategia en dos frentes: uno orientado a obtener algún tipo de respaldo en la población y el otro, elaborando una nueva versión del EIA del proyecto, implementando algunos cambios. En el intento de construir una relación con la población, la empresa implementó un conjunto de proyectos de apoyo social, al mismo tiempo que desplegó una importante campaña en medios nacionales para mostrar los beneficios del proyecto. Pese a todos estos intentos, los hechos siguieron mostrando que el rechazo al proyecto se mantenía.

En relación al EIA, se presentó una nueva versión: el nuevo estudio planteaba cambios, como la propuesta de desalinizar agua de mar; sin embargo, las confianzas dañadas en la primera etapa se mantenían, así como la percepción negativa hacia el proyecto. En medio de mucha tensión social, disputas y enfrentamientos, con el lamentable saldo de pobladores fallecidos y heridos, el 1 de agosto de 2014 se emitió la Resolución Directoral 392-2014-MEM/DGAAM, aprobando el EIA de Tía María, bajo una nueva legislación que se había aprobado entre el 2013 y 2014 y que había flexibilizado y, sobre todo, acelerado los procesos de aprobación de la certificación ambiental. Luego de la aprobación del EIA, los enfrentamientos entre la población y la Policía Nacional se agudizaron.

El tercer capítulo se dio en torno a la entrega de la licencia de construcción que era el último trámite administrativo que la empresa debía realizar. El 30 de octubre de 2019, el Consejo de Minería aprobó la licencia de construcción del proyecto Tía María, rechazando el pedido de las organizaciones del Valle de Tambo y del Gobierno Regional de Arequipa. La licencia de construcción otorgada abrió un nuevo momento de movilizaciones, enfrentamientos, represión y criminalización en todo el Valle.

¿Se viene el cuarto capítulo?

Luego de revisar la historia de Tía María se puede concluir que seguimos sin sacar las lecciones de una larga lista de casos similares que han ocurrido en las dos últimas décadas y se pretende seguir actuando como si fuese la primera vez que algo así ocurre. Lo que debe quedar claro es que, en pleno siglo XXI, un proyecto minero no puede llevarse adelante, en el Perú y en cualquier parte del mundo, si no cuenta con lo que hoy en día se conoce como la licencia social para operar. Por si acaso, el concepto de licencia social para operar no es un invento de organismos no gubernamentales o grupos ambientalistas: fue creado por las propias empresas mineras a nivel global.

También cabe preguntar por qué unos proyectos salen y otros no. Nos aventuramos a identificar algunas respuestas: en primer lugar, todo indica que algunas empresas hacen mejor su tarea que otras y, por lo tanto, generan menos resistencias. Lo real es que ciertas empresas traen consigo una mochila muy pesada de mal desempeño ambiental y social. Ejemplos sobran en el Perú.

En segundo lugar, también cuenta mucho la zona o el ecosistema donde se pretende implantar un proyecto: no es lo mismo llevar adelante un proyecto minero en medio de un desierto que, por ejemplo, pretender hacerlo en las proximidades de un valle agrícola altamente productivo o en una zona productora de agua.

Por lo tanto, más que preocuparse por obtener una licencia de construcción u otra autorización, una empresa seria en pleno siglo XXI debería preocuparse por obtener la licencia social. Y si no la tiene, pues no podrá llevar adelante su emprendimiento, salvo que quiera imponerlo a la fuerza, como algunos pretenden en este caso. No hay que olvidar que el conflicto de Tía María, en sus diferentes capítulos, ya ha provocado el lamentable saldo de seis personas fallecidas, decenas de heridos y dirigentes criminalizados.