TODO EN FUNCIÓN DE SUS INTERESES- Editorial AMP Agosto 2023

No es novedad. Cada cierto tiempo, el empresariado, principalmente el minero, nos tiene acostumbrados a campañas y fuertes presiones para que las políticas y las instituciones se ajusten a sus intereses. Pretenden hacer creer que sus intereses y los intereses del país son uno solo. Que quede claro que no necesariamente es así.

El nuevo intento tiene en la mira al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). En entrevista en El Comercio, Víctor Gobitz, actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), apuntó las baterías contra el SENACE y ha propuesto que este organismo se diluya en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): “que es el organismo estatal que tiene una mirada más holística y no de silo. (…) Se haría lo que se conoce como una fusión”. 

La propuesta de fusión también alude a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas protegidas por el Estado (SERNANP), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el SENACE se conviertan en un solo organismo dentro de la PCM. Ello con el objetivo, anhelado por los empresarios, de que las aprobaciones de los Estudios de Impacto Ambiental sean exprés.

Como ha escrito Ana Leyva -en un reciente artículo publicado por CooperAcción-, la propuesta es absurda por varias razones: todas estas instituciones son entidades altamente especializadas, con misiones muy precisas, que requieren para su trabajo conocimientos y  personal altamente especializado en cada una de las materias que abordan. “La ANA vela por el agua, el SERNANP vela por la biodiversidad, el SERFOR por los bosques y el SENACE otorga la certificación ambiental (la declaración de viabilidad ambiental, mediante la aprobación de los EIA) a proyectos de gran envergadura que podrían tener un gran impacto en su entorno”, recuerda Leyva. Es un despropósito plantear una fusión de estas instituciones y está claro que los empresarios están presionando en función de sus intereses.  

Pero la cosa no termina aquí. El Ejecutivo, dispuesto a ceder a las presiones del sector empresarial, también ha propuesto, el pasado 16 de agosto, un proyecto denominado “Ley de Ordenamiento Territorial y creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial”. En este caso también se propone que el ente rector de todo el sistema nacional de ordenamiento territorial recaiga en la PCM.

La experiencia muestra que, si se quiere que alguna institución o política no funcione, hay que alojarla en la PCM. Eso ha pasado con el viceministerio de Gobernanza Territorial, con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y varios otros organismos. La PCM es una instancia eminentemente política, caracterizada además por una fuerte inestabilidad: si en el Perú, en el lapso de seis años hemos tenido seis Presidentes de la República, en ese mismo período han pasado dieciséis personas por el cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en algunos casos con permanencias de apenas unos días.

Aparte de las iniciativas mencionadas, la coalición integrada por Ejecutivo, el Congreso y los sectores empresariales, en los últimos meses, ha planteado un conjunto de proyectos de ley que van claramente en contra de las políticas y la institucionalidad ambiental, como la desprotección de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento; incentivos perversos para la deforestación; descuartizar los estudios de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura; desprotección de las Áreas Naturales Protegidas; formalización minera sin fin. Estamos avisados.

Volviendo a las estrategias empresariales, hay una frase histórica de Charles Wilson, en su momento uno de los mayores accionistas de la General Motors que, a mediados de la década del 50 del siglo pasado, fue designado por el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, como Secretario de Defensa: “Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos, y viceversa”. Los empresarios mineros en el Perú (o por lo menos los que dirigen el gremio que los representa) pretenden hacer pasar un mensaje parecido: lo que es bueno para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, es bueno para el país.

Las políticas públicas, los sistemas y la institucionalidad deben responder a los intereses del país y no de los principales grupos económicos. Debemos estar vigilantes y hacer frente a esta nueva ofensiva.