Colapso institucional, democracia y amenaza autoritaria El pasado 14 de enero el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, cuando no se había producido ni una sola movilización […]
Demandamos el inmediato cese de la violencia policial y el irrestricto respeto a la libertad de reunión y al derecho a la protesta, amparados en los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Perú ha suscrito.
Desde el martes 21 de agosto, algunas localidades del Corredor Minero de Las Bambas han retomado acciones de protestas, incluyendo movilizaciones y bloqueo de carreteras. Ante ello, el Gobierno ha vuelto a decretar el 30 de agosto el estado de emergencia, suspendiendo o restringiendo derechos constitucionales en una ruta que abarca aproximadamente 482 kilómetros y que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa.
