En América Latina, la defensa de los territorios, los ecosistemas y los derechos ambientales enfrenta hoy una de sus etapas más difíciles. Lejos de avanzar en medidas de protección frente a la crisis climática, varios gobiernos de la región están desmontando instituciones, flexibilizando normativas y criminalizando la protesta socioambiental.
De acuerdo al informe 34° del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – Reporte Primer Semestre 2024, el Gobierno peruano ha iniciado un «régimen de aplanadora» contra las políticas públicas orientadas a reducir el impacto de la minería y un «desmantelamiento de las regulaciones sobre la actividad privada».
El día 25 de abril se informó de la aprobación de una serie de cambios a la normativa ambiental minera. Estas modificaciones aceleran aún más la certificación ambiental y debilitan la necesaria rigurosidad de los procesos de aprobación de las autorizaciones que requiere el sector minero.
