Se instala comisión que elaborará propuesta de ajuste del marco normativo de la minería

Foto: Ojo Público

Luego de algunas renuncias y nuevos nombramientos, la comisión a cargo de elaborar la propuesta de un nuevo marco normativo para la minería se instaló hoy 15 de octubre,  en cumplimiento de la Resolución Suprema  N°190-2019-PCM. Integran la comisión, Roxana Barrantes Cáceres, quien ejerce la presidencia; Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas; Diego Macera Poli, gerente del Instituto Peruano de Economía; Iván Lanegra Quispe, ex viceministro de Interculturalidad; Paulo Vilca Arpasi, exviceministro de Interculturalidad; Gonzalo Tamayo Flores, exministro de Energía y Minas; Isabel Calle Valladares, directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y; José Luis Escaffi Kahatt, gerente de Apoyo Consultoría. El Ministerio de Energía y Minas ejerce el rol de Secretaría Técnica de la Comisión y se tiene un plazo no mayor a 120 días calendario para elaborar las propuestas de ajustes del marco normativo del sector minero.

Como se recuerda, el presidente Vizcarra en el discurso del último  28 de julio señaló que, “la norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”. En este contexto algunos actores comenzaron a manifestarse: mientras los gobernadores regionales del sur anunciaron que venían preparando una propuesta de ley y lo mismo fue anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Mesías Guevara, en paralelo, diversas fuerzas, sobre todo del lado empresarial y algunos de sus voceros oficiales y oficiosos, se mostraban en contra: el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la presidente de la CONFIEP, entre otros líderes empresariales han señalado que es inoportuno hablar de cambios en la normativa minera.

No hay que dejar de mencionar que, entre septiembre de 2018 y enero 2919, se desarrolló un proceso multiactor que tuvo como principal producto un documento de “Visión de la Minería en el Perú al 2030”. Entre los atributos que se proponen para la minería al 2030, se menciona que esta actividad debe operar en un marco de buena gobernanza; lo que significa que debe estar comprometida con el sistema democrático e implementar acuerdos sobre el desarrollo, “con la participación de todos los sectores y niveles de gobierno, del sector privado, de la sociedad organizada y de las comunidades; asegurando la coordinación intersectorial, multinivel y multiactor. Así, junto con el Estado, logra prevenir, gestionar y transformar los conflictos en oportunidades de desarrollo y paz social”.

Bajo la misma orientación, en la “Visión 2030”, se plantea que con la participación de las empresas mineras, representantes del Estado, organismos no gubernamentales y la academia, el Estado peruano debe promover la mejora continua del marco normativo y regulatorio para garantizar el respeto de los derechos de todos los actores involucrados, asegurar el estado de derecho y promover el uso transparente de los recursos fiscales generado por la minería.

Hay que entender la definición de una nueva Ley General de Minería en ese proceso. El país tiene que avanzar, sacando lecciones de lo que ha venido pasando en los territorios, haciendo los ajustes necesarios: la perspectiva es construir una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas que permita construir los equilibrios que, a todas luces, están haciendo falta.

15 de octubre de 2019