Este informe se enfoca en las operaciones de Glencore en Perú, en particular en los impactos ambientales y sociales de las actividades mineras de la empresa Antapaccay en la provincia de Espinar, en la región sur andina de Cusco, territorio ancestral de los pueblos indígenas quechua y k’ana. El informe señala que —pese a sus promesas— Glencore no está cumpliendo cabalmente los estándares internacionales ambientales, sociales y en materia de derechos de los pueblos indígenas. Por el contrario, la empresa constantemente se ampara en lo mínimo indispensable de la legislación nacional, que, en el caso peruano, es bastante débil y tiene grandes vacíos en estos ámbitos.

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