Pataz, ¿Estado de emergencia exitoso?

A inicios del mes de octubre se volvió a prorrogar por 60 días el Estado de Emergencia en la provincia de Pataz. Según el decreto supremo, la prórroga se sustenta en la permanencia de la minería ilegal en la zona, fuertemente vinculada con otras actividades delictivas. Cabe precisar que el Estado de Emergencia en esta provincia está activo desde diciembre del año pasado y esta es la quinta vez que se prorroga.

Sorprendentemente, algunos analistas señalaban, hasta hace muy poco, que el Estado de Emergencia en Pataz estaba funcionado y lo catalogaban como exitoso. Sin embargo, nunca presentaron alguna evidencia del supuesto éxito y lo real es que esta provincia y todo el departamento de La Libertad, continúan figurando entre las zonas más convulsionadas del país: en Pataz la tasa de homicidios supera 48 veces el promedio nacional.

En los últimos meses secuestros y asesinatos han continuado: el 7 de septiembre fue asesinado el hermano del alcalde del distrito de Pataz, Homero Armas Villalobos que, según fuentes policiales, tenía vinculación con la minería en la zona. El pasado 3 de noviembre, el suboficial de tercera José Antonio Castillo Rodríguez, recibió un disparo en la cabeza mientras patrullaba el sector La Porfiria y se produjo un enfrentamiento armado con mineros que habrían intentado el control de la bocamina Camilo.

También han sido secuestrados personajes vinculados a la minería, tanto en la propia provincia de Pataz, como en la ciudad de Trujillo. El caso más notorio ocurrió la madrugada del pasado 30 de agosto en Trujillo, cuando delincuentes, vestidos de policías, secuestraron al empresario Jens Lara, vinculado al negocio del oro y asesinaron a sus cuatro acompañantes. Todo indica que el violento hecho estaría vinculado a una disputa entre dos bandas, “La Jauría” y “Los Pulpos” que, no solo prestan servicios de protección a los empresarios de Pataz, sino que buscan controlar el lucrativo negocio del oro.

Las fuerzas del orden en medio de cuestionamientos 

Mientras tanto, las denuncias contra las fuerzas del orden en Pataz no cesan, luego de la implantación de los estados de emergencia. Al parecer, el denominado Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y que actúa bajo el marco del Estado de Emergencia que rige esa zona, está envuelto en serios cuestionamientos: un reportaje publicado en el diario La República dio cuenta que militares y policías estaban enfrentados por el control de la minería ilegal en Pataz: investigaciones preliminares, hechas por la propia Divincri de Trujillo, dan cuenta que miembros del Ejército y de la propia PNP, están vinculados con el asesinato del ciudadano Jolvi Rodríguez Calderón, cabeza visible de una familia dedicada a la minería ilegal: “El miércoles 7 de abril, el equipo especial de la Divincri Trujillo, dirigido por el mayor PNP Robinson Sánchez Chávarry, arribó a Pataz. Después de recoger una serie de evidencias y testimonios de testigos en la zona, los agentes determinaron que algunos miembros del CUPAZ, entre militares y policías, presuntamente protegían, a cambio de dinero, a familias dedicadas a la minería ilegal”.

La respuesta a esta investigación, se dio unas semanas más tarde, cuando el equipo de la Divincri de Trujillo fue interceptado violentamente en la zona por una patrulla del Ejército al mando del mayor EP Víctor Andrade Segura. “Sin motivo alguno, y pese a que se identificaron como policías, los militares los encañonaron, los sometieron en el piso y les despojaron de sus armas de reglamento”. Los policías fueron trasladados a Trujillo y puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

Otro hecho que ha creado malestar y desconfianza en relación a la presencia del CUPAZ, es la evidente vinculación privilegiada con la empresa minera Poderosa. Pese a que se afirma que la actuación del CUPAZ no tiene como objetivo resguardar las instalaciones de la empresa minera y de lo que se trata es de recuperar la paz y la seguridad en la zona, lo cierto es que la población y las autoridades perciben otra realidad: tanto el alto mando, como las patrullas y los efectivos, comen, duermen y moran en las instalaciones de Poderosa. Además, se transportan en las camionetas de la empresa: “Aquí en Pataz, sabemos que Poderosa financia las operaciones del CUPAZ contra los mineros artesanales que trabajamos formalmente en los socavones”, indicaron tres fuentes a La República (reportaje publicado el 30 de agosto 2026).

Por otro lado, es importante señalar que Poderosa designó como jefe de seguridad al general de Brigada del Ejército en retiro Carlos Romero Von Bancels, por lo que la vinculación y la influencia del Ejército es notoria. El problema es que, como se ha mencionado, las tensiones del Ejército con la Policía Nacional son visibles y hay varias denuncias de corrupción y otros delitos.

Estos hechos, entre otros, son algunos indicadores de la descomposición de las fuerzas del orden que, en pleno Estado de Emergencia en Pataz, se estarían enfrentando en una zona en la que bandas criminales buscan controlar la extracción minera. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo el 13.4% de la ciudadanía confía en la Policía Nacional.