Incendios forestales en el Perú: la prevención y la coordinación estatal siguen siendo tareas pendientes

Los incendios forestales vuelven a afectar a diversas regiones del Perú, con pérdidas humanas y graves daños a los ecosistemas. La vegetación seca, la falta de lluvias y las prácticas de quema que escapan de control agravan el riesgo. Aunque se trata de un problema recurrente, las condiciones climáticas desfavorables y las limitaciones para prevenir y atender estas emergencias evidencian la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado.

¿Qué está fallando en la prevención? ¿Por qué, pese a la existencia de herramientas para identificar los territorios en riesgo, los incendios siguen alcanzando grandes dimensiones? Estas fueron algunas de las preguntas abordadas en una nueva edición de La Hora Verde, el programa de actualidad ambiental de CooperAcción, que contó con la participación de Rusby Zela, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); Juvenal Medina, del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES); y Edwin Mansilla, del Gobierno Regional del Cusco.

Rusby Zela explicó que los incendios forestales están vinculados principalmente a la acción humana y a condiciones ambientales que favorecen la propagación del fuego, como la vegetación seca y la ausencia de lluvias. Advirtió que el cambio climático y el déficit hídrico agravan estos escenarios, especialmente en territorios donde las condiciones son cada vez más desfavorables. Desde CENEPRED, señaló que se han elaborado escenarios de riesgo para identificar las zonas más expuestas y orientar las intervenciones de las autoridades, pero contar con esta información no garantiza por sí solo una respuesta oportuna.

Zela identificó como uno de los principales problemas la falta de articulación del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales con los gobiernos regionales y locales. También advirtió sobre las deficiencias en el registro de las emergencias, que pueden ocasionar la pérdida de información sobre los daños y dificultar la atención de las poblaciones afectadas. A estas limitaciones se suma la falta de equipamiento y personal especializado en distintas regiones. Asimismo, planteó la necesidad de contar con recursos presupuestales específicos para prevenir los incendios y establecer mecanismos para recuperar las áreas degradadas y atender a la fauna afectada.

Por su parte, Juvenal Medina, de PREDES, señaló que, aunque existen herramientas tecnológicas para monitorear los focos de calor y detectar anticipadamente las condiciones de riesgo, todavía son insuficientes las acciones para evitar que los incendios se produzcan o alcancen mayores dimensiones. Advirtió que la intervención no puede limitarse a combatir el fuego cuando ya se ha extendido, pues esto incrementa los riesgos para la población y los equipos de emergencia. Por ello, destacó la importancia de fortalecer la vigilancia en las zonas vulnerables y desarrollar estrategias de prevención que involucren a las instituciones y a las comunidades.

Medina también alertó sobre las consecuencias que persisten después de los incendios. La pérdida de cobertura vegetal deja los suelos expuestos a la erosión y puede favorecer deslizamientos y flujos de lodo cuando regresan las lluvias. Estos efectos comprometen la recuperación de los terrenos productivos y afectan actividades como la agricultura y la ganadería, con consecuencias para los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades. Frente a ello, planteó promover alternativas a las prácticas de quema, capacitar equipos para responder oportunamente y abordar la prevención como parte de una estrategia permanente de gestión del desarrollo.

Desde el Gobierno Regional del Cusco, Edwin Mansilla destacó que los incendios forestales son un problema recurrente y que contar con estadísticas permite comprender mejor su magnitud. Durante el programa, informó que, al 15 de octubre, la región registraba aproximadamente 350 incendios forestales, 11 700 hectáreas afectadas y siete personas fallecidas. También explicó que muchas quemas están vinculadas a la preparación de terrenos agrícolas y la renovación de pastizales, prácticas que pueden desencadenar incendios cuando las condiciones ambientales favorecen la propagación del fuego. En ese sentido, señaló que la prevención requiere comprender las razones de estas prácticas y trabajar con las comunidades para reducir los riesgos.

Mansilla destacó los esfuerzos realizados en Cusco para fortalecer la capacidad de respuesta, entre ellos el equipamiento de compañías de bomberos y el impulso de brigadas comunales. Sin embargo, advirtió que las limitaciones presupuestales y normativas dificultan ampliar estas experiencias, especialmente en lo referido al apoyo y equipamiento de las comunidades. Sostuvo que los gobiernos locales y las organizaciones comunales deben contar con capacidades para detectar y contener los incendios en sus etapas iniciales, además de alertar oportunamente a los equipos especializados. También insistió en la necesidad de mejorar los registros de emergencias para dimensionar el problema y sustentar políticas públicas adecuadas.

A lo largo del programa, los participantes coincidieron en que la recurrencia de los incendios exige una estrategia sostenida que articule al Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Entre las principales tareas pendientes identificaron el fortalecimiento de la prevención, la mejora de los registros, la asignación de recursos suficientes y el desarrollo de capacidades locales y comunitarias. Asimismo, destacaron que la respuesta estatal debe contemplar no solo el control del fuego, sino también la recuperación de los ecosistemas y de los medios de vida afectados.

Los incendios forestales no pueden abordarse únicamente como emergencias que se repiten cada año. La prevención requiere trabajo permanente con las comunidades, equipos preparados, presupuestos adecuados y mecanismos para recuperar las zonas afectadas. El desafío es convertir las lecciones aprendidas en una estrategia integral que reduzca los riesgos, proteja la vida de las personas y evite que los daños ambientales y sociales sigan acumulándose.