Fiscalizar la minería formal no es proteger la minería ilegal
En 48 horas, tres publiciones con formatos y públicos distintos dijeron lo mismo. El periodista de El Comercio Martín Hidalgo escribió en X que, al preguntar por una minera formal, la izquierda empezaba a mostrar su agenda a favor de los intereses informales. Al día siguiente, la diputada de Renovación Popular Roxana Rocha calificó de insólita e irresponsable la moción de interpelación al ministro de Defensa y afirmó que hay un interés de la bancada de Juntos por el Perú por proteger a la minería ilegal antes de que venza el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Y la columna Pepitas del diario El Trome dedujo las «reales motivaciones del partido izquierdista» del solo hecho de que cuestione el despliegue militar en Pataz.
La idea que comparten es simple. La minería tiene dos bandos y cada uno tiene su partido, con la izquierda del lado de los informales e ilegales y la derecha del lado de los formales. Bajo esa regla, fiscalizar a una empresa formal sería actuar a favor de los intereses de la minería informal e ilegal.
Lo que estaba en discusión era otra cosa. El 14 de agosto, Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, por los aportes de campaña que la presidenta del directorio de Minera Poderosa hizo a su partido y por el despliegue militar en Pataz, donde esa empresa opera. El pliego pregunta cuántos efectivos protegen a la población civil y cuántos resguardan infraestructura minera, si existen convenios entre el Ministerio de Defensa y empresas privadas, y qué indicadores justifican renovar una y otra vez el estado de emergencia.
La respuesta del ministro llegó rápido y fue cambiando. En RPP afirmó categóricamente, que no recibió un centavo de Evangelina Arias ni de Minera Poderosa. Tres días después, en Panorama, reconoció que años atrás una empresa de saneamiento vinculada a él trabajó para una subsidiaria de Poderosa. Nada de eso es ilegal. Pero es la prueba de que las preguntas del pliego son razonables respecto a un ministro que fue titular de Energía y Minas y consultor del sector, y que hoy decide el despliegue militar donde opera la empresa que financió al partido con el que fue candidato.
El propio Hidalgo, con su trabajo previo, desarma su propio encuadre. En abril publicó una investigación de El Comercio que identificó aportes de operadores con REINFO a cinco organizaciones políticas, entre ellas Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos. Ese reportaje describe un fenómeno que atraviesa a casi todo el espectro político. Cuatro meses después, el mismo columnista lo reduce a una acusación contra un solo sector.
El registro parlamentario tampoco acompaña. La última ampliación del REINFO, el régimen que permite operar a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) mientras tramita su formalización, se aprobó con 60 votos, y el grueso del respaldo vino de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos. Las bancadas de izquierda no tenían los votos para sacarla solas. Avanza País votó en contra. Y como difundimos a partir de un reporte de OjoPúblico, de los seis senadores electos con vínculos identificados con la minería MAPE, tres son de Fuerza Popular. La minería informal ha tenido y sigue teniendo respaldo en casi todas las bancadas.
Además, este encuadre esconde una realidad compleja: en Pataz, la frontera entre lo formal y lo ilegal es difusa, porque el oro extraído sin autorización necesita del circuito formal para volverse dinero. Investigaciones fiscales documentan cómo entra al mercado legal con puntos de acopio falsos, guías de remisión y registros REINFO suspendidos. La propia Poderosa impulsó desde 2002 un programa de formalización con mineros artesanales dentro de sus concesiones, que le entregaban el mineral para su acopio y procesamiento.
Reducir esto a una pelea de bandos no solo es inexacto, es una irresponsabilidad. Porque el problema no se resuelve definiendo quién está con los formales y quién con los informales, sino entendiendo cómo el oro ilegal se cuela por las rendijas del sistema legal: plantas de procesamiento, comercializadoras, rutas de exportación y registros REINFO que se prestan para el lavado.
Mientras la discusión pública se queda en quién representa a quién, en Pataz siguen sin responderse las preguntas que realmente importan: ¿a quién protege el Ejército? ¿A la población civil o a la infraestructura minera? La provincia suma 24 asesinatos este año, después de los trece trabajadores ejecutados en mayo de 2025 y los nueve de 2023.
Sin embargo, pareciera que a Hidalgo y a quienes repiten su línea, ese debate les resulta incómodo. Por eso insisten en reducir todo a una pulseada ideológica, como si la única grieta fuera entre izquierda y derecha. En el fondo, ese encuadre termina beneficiando a quienes prefieren que no se mire el circuito financiero. Y la gente de Pataz, con dos años de toque de queda a cuestas, no puede esperar a que la política decida de qué lado ponerse.