El Escudo de las Américas y el Perú como escenario de disputa entre Estados Unidos y China

Luis Gárate
1 de octubre, 2026

El reciente anuncio de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de aplicar restricciones de visa contra 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una nueva política dirigida contra personas que, según Washington, “afectan a gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o narcotráfico”, ha despertado preocupación en diversos sectores y debe llamar nuestra atención sobre crecientes muestras de vulneración de la soberanía nacional.

En el caso de nuestro país, la medida recae sobre Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Constitucional de Lima, y sobre su familia. Cabe recordar que el magistrado dictó un recurso de amparo a favor de la empresa Cosco Shipping -concesionaria del Megapuerto de Chancay- en un litigio sobre el nivel del control estatal a la terminal. Vale recordar que el fallo del juez Núñez sobre el puerto fue apelado, la Corte Suprema lo anuló y ahora está pendiente la decisión del Tribunal Constitucional, al que apeló el consorcio portuario.

Por su parte el embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, señaló en la red X que: “El Escudo de las Américas no son solo palabras. Dijimos que actuaríamos contra la corrupción que debilita nuestras democracias. Estamos cumpliendo con el Perú”. Esta declaración se añade a varias que ha realizado Navarro confrontando a los diplomáticos chinos en el Perú y opinando frecuentemente sobre asuntos de política nacional.

Implicancias del Escudo de las Américas

En septiembre de 2026, Perú se adhirió formalmente a la alianza «Escudo de las Américas» liderada por Estados Unidos. La narrativa oficial de esta iniciativa se centra en la lucha contra el crimen transnacional y el narcoterrorismo. Según la Casa Blanca, la alianza busca «emplear todos los recursos necesarios» para desmantelar los cárteles del hemisferio y ha designado a 24 organizaciones criminales como entidades «terroristas». Al anunciarlo, la presidenta Keiko Fujimori hizo una adhesión entusiasta al discurso de Washington.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró explícitamente durante su visita a Lima que Washington proporcionará al Perú apoyo de inteligencia y entrenamiento militar, «de todas las formas posibles». Sin embargo, el subtexto de este marco de seguridad no puede ignorarse. Algunos expertos señalan que la lógica de fondo de la alianza reside en «contener la influencia económica de China en la región», y su declarado objetivo de «resistir influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental» apunta en realidad a Beijing[1].

La relación con China

Esta decisión contrasta marcadamente con la operación del Megapuerto de Chancay, que desde su inauguración en 2024 se está consolidando rápidamente como un hub logístico de la costa pacífica sudamericana. El Perú está siendo empujado, de esta manera, al centro de la disputa geoeconómica sino-estadounidense en la región.

Mientras tanto, los vínculos económicos entre Perú y China no dejan de profundizarse. China se ha mantenido como el principal socio comercial de Perú durante doce años consecutivos, y en 2025 el comercio bilateral superó ampliamente el volumen con Estados Unidos. La importancia del Megapuerto de Chancay podría reconfigurar la geografía comercial de Sudamérica. Actualmente, alrededor del 45% de su carga corresponde a mercancías en tránsito hacia países vecinos como Ecuador, Colombia y Chile. Esto significa que Perú tiene el potencial de convertirse en la puerta de entrada de productos asiáticos a la costa occidental sudamericana.

Frente a las acusaciones estadounidenses de que Chancay «amenaza la soberanía», la defensa de Gonzalo Ríos, subgerente del puerto, respondió que el terminal «no es un enclave» y que entidades estatales como la aduana supervisan su operación en todo momento. Sin embargo, cabe recordar que el Poder Judicial declaró en favor de una demanda de amparo de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., limitando temporalmente las funciones de regulación, supervisión y sanción del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre las operaciones del puerto, bajo el argumento de ser una infraestructura de iniciativa privada.

La tensión profunda de esta disputa radica en la estructura económica y la orientación política exterior de Perú. El gobierno de Fujimori se inclina hacia Washington en materia diplomática y de seguridad, pero el motor exportador del país depende cada vez más del mercado chino. Cynthia Sanborn, experta en China de la Universidad del Pacífico en Lima, señala que “(…) dentro de América Latina el Perú ocupa un lugar significativo, tanto por sus recursos minerales como por su ubicación en el Pacífico y por la magnitud que han adquirido las inversiones chinas. Por ello, ningún gobierno peruano puede darse el lujo de poner en riesgo esa relación económica»[2].

El contraste de las presiones se evidencia cuando Washington presionó al Perú para comprar 24 cazas F-16 por unos 3500 millones de dólares. Mientras la política china es invertir en puertos, minería e infraestructura; Estados Unidos exige mayor gasto en seguridad y alineamiento estratégico. Asimismo, el gobierno de Trump ha expresado su interés en un mayor acceso a los minerales críticos del Perú, donde las inversiones chinas ya tienen una presencia gravitante.

Estos jaloneos ponen sobre las cuerdas a la posición peruana. Por un lado, el gobierno tiene el argumento de unirse al «Escudo de las Américas» para facilitar recursos de inteligencia y seguridad, útiles para enfrentar redes criminales transnacionales cada vez más complejas (como la minería ilegal y la extorsión organizada) que son amenazas que están superando la capacidad de las fuerzas del orden del Perú. Por otro, un giro excesivo hacia Estados Unidos podría dañar la relación con China, su mayor socio comercial, cuando el valor estratégico de Chancay reside precisamente en que sirve a la diversificación exportadora peruana.

Desde una mirada más amplia, la situación peruana refleja la encrucijada estructural de toda la región latinoamericana. China ya superó a Estados Unidos como principal socio comercial de Sudamérica en 2017, y esta tendencia no se ha revertido con la política Donroe. En esa línea, la creación del «Escudo de las Américas» responde, sobre todo, a la preocupación de Washington por la pérdida de influencia política y económica en América Latina, más que a las necesidades de seguridad interna de cada uno de los países adherentes.

Perú no puede elegir de forma excluyente entre China y Estados Unidos. Los compromisos ya han sido firmados. Los buques portacontenedores de Chancay y los acuerdos del «Escudo de las Américas» pueden coexistir en el mismo territorio, siempre que el Estado peruano logre mantener su línea de autonomía estratégica. El Perú no debe estar jaloneado por la disputa entre las principales potencias económicas. Para eso, tanto el gobierno como la ciudadanía deben de hacer respetar su soberanía, sus fueros y normas nacionales frente a cualquier intento de vulnerar las competencias de sus autoridades.


[1]El Escudo de las Américas y la “amenaza China”, por Oscar Vidarte: https://larepublica.pe/opinion/2026/09/27/el-escudo-de-las-americas-y-la-amenaza-china-por-oscar-vidarte-531468

[2] Acuerdo por minerales críticos entre Perú y Estados Unidos en un mercado dominado por China: https://ojo-publico.com/6518/minerales-criticos-eeuu-se-acerca-peru-y-china-domina-el-mercado