Minería MAPE: una nueva ley no será suficiente para enfrentar los desafíos de la informalidad y la ilegalidad
La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) ha experimentado importantes transformaciones en el Perú y hoy ocupa un lugar central en la producción nacional de oro. Sin embargo, la propuesta de ley MAPE presentada por el Ejecutivo al Congreso deja pendientes varios aspectos fundamentales para abordar esta actividad, entre ellos la concentración de concesiones mineras, las diferencias entre las realidades territoriales y las redes comerciales que permiten insertar el oro de origen informal e ilegal en los mercados formales.
Estos temas fueron abordados en una nueva edición de La Hora Verde, que contó con la participación de José De Echave, investigador de la institución. Durante la conversación, explicó los principales planteamientos del documento Diez tesis para abordar el tema de la minería artesanal y en pequeña escala, elaborado por CooperAcción para contribuir al debate público sobre esta problemática, en un contexto marcado por la discusión de una nueva ley y el próximo vencimiento de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Uno de los primeros aspectos señalados por De Echave es que la minería artesanal y de pequeña escala ha adquirido una dimensión que ya no permite considerarla una actividad marginal. Como ejemplo, explicó que hace veinte años los cuatro principales productores de oro concentraban aproximadamente el 80 % de la producción nacional, mientras que actualmente representan apenas el 30 %. Esta desconcentración evidencia el crecimiento de otros actores, principalmente de la pequeña minería, que se ha convertido en un componente central de la producción aurífera del país.
El investigador también llamó la atención sobre la diferencia entre las cifras oficiales de producción y exportación de oro. Según indicó, durante 2025 el Perú produjo aproximadamente 110 toneladas de oro, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, pero exportó alrededor de 210 toneladas. Esta diferencia de cien toneladas, que no aparece registrada en las cifras oficiales de producción, evidencia la magnitud de los flujos de oro que requieren mayor atención y control. De Echave estimó que ese volumen representa aproximadamente 15 mil millones de dólares a precios internacionales.
Otro aspecto fundamental es la heterogeneidad de la actividad minera. De Echave explicó que no es posible abordar bajo una misma política pública las distintas realidades que existen en el país. La minería filoniana que se desarrolla en zonas andinas presenta características diferentes a la minería aluvial, principalmente presente en la Amazonía. Incluso existen diferencias importantes entre las actividades mineras del sur andino y las del norte del país. Por ello, sostuvo que cualquier propuesta de formalización debe reconocer estas particularidades y plantear mecanismos diferenciados según las características productivas y territoriales.
Asimismo, cuestionó que la propuesta de ley MAPE no aborde suficientemente el problema de las concesiones mineras. Según explicó, existen alrededor de 23 millones de hectáreas concesionadas en el país, pero menos de tres millones se utilizan efectivamente en las distintas etapas de la actividad minera. Además, existe una marcada concentración de derechos mineros: aproximadamente el 1 % de los titulares concentra más de la mitad de las concesiones vigentes. Para el investigador, esta situación constituye uno de los principales cuellos de botella que deben discutirse si se pretende encontrar soluciones a la problemática de la minería informal.
En esa línea, De Echave advirtió que la discusión sobre la MAPE no puede mantenerse separada de una revisión de la Ley General de Minería, vigente desde inicios de la década de 1990. Recordó que, de sus casi 200 artículos, apenas dos abordan específicamente la minería artesanal y de pequeña escala. Por ello, consideró necesario abrir un debate sobre una nueva legislación minera que permita revisar los problemas estructurales del sector y encontrar respuestas integrales, en lugar de seguir planteando normas específicas que no modifican las condiciones generales en las que se desarrolla la actividad.
Durante la entrevista también abordó la relación entre la minería informal e ilegal y determinados actores de la minería formal. Explicó que el oro extraído en condiciones ilegales o informales puede incorporarse posteriormente a circuitos comerciales que terminan insertándolo en los mercados internacionales. En esta cadena intervienen casas comercializadoras, empresas que facilitan documentación, plantas de beneficio y traders, que cumplen un papel importante en la compra, procesamiento y exportación del mineral.
En particular, destacó el poder que han adquirido las plantas de beneficio, muchas de las cuales se encuentran ubicadas en corredores con importante presencia de pequeña minería. Según señaló, algunas de estas instalaciones mantienen su clasificación como pequeña minería pese a contar con una capacidad económica considerable. Esto les permite permanecer bajo esquemas de supervisión y fiscalización distintos a los que corresponden a la mediana y gran minería. En ese sentido, sostuvo que es necesario prestar atención a estos actores y a los mecanismos mediante los cuales el oro de origen informal e ilegal ingresa a los circuitos comerciales formales.
De Echave también planteó que, pese a sus diferencias y disputas, los sectores de la gran, mediana y pequeña minería comparten algunas demandas. Entre ellas identificó la resistencia a una mayor presencia del Estado, a los mecanismos de regulación y fiscalización, así como a estándares sociales y ambientales más exigentes. Frente a ello, sostuvo que cualquier salida requiere un Estado con capacidad de intervenir en los territorios, garantizar derechos y proteger tanto a las poblaciones como a los ecosistemas.
Finalmente, cuestionó la distancia entre la magnitud económica de esta problemática y los recursos destinados a enfrentarla. Como ejemplo, señaló que el presupuesto de la República en discusión contemplaba alrededor de 14 millones de soles para la formalización minera, una cifra que consideró insuficiente frente a una actividad que mueve miles de millones de dólares. Asimismo, advirtió que, ante la proximidad del vencimiento del REINFO y los plazos legislativos, existía el riesgo de que la discusión de la nueva ley no concluyera oportunamente y volviera a plantearse una ampliación del registro.
El investigador concluyó que el país necesita una discusión seria y rigurosa sobre el futuro de la minería artesanal y de pequeña escala, que no se limite a nuevas ampliaciones del REINFO ni a propuestas legislativas aisladas. La concentración de concesiones, la diversidad de realidades territoriales, las cadenas de comercialización y la capacidad de fiscalización del Estado son algunos de los temas que deben formar parte de este debate.
La propuesta de ley MAPE representa una oportunidad para discutir el futuro de esta actividad, pero los desafíos que enfrenta el sector requieren abordar también los problemas estructurales del modelo minero peruano. Como plantea el documento de CooperAcción, encontrar salidas exige reconocer la magnitud y diversidad del fenómeno, así como las responsabilidades de los distintos actores que participan en su desarrollo.
Descarga el documento «Diez tesis para abordar el tema de la minería artesanal y en pequeña escala, la informal y la abiertamente ilegal: https://cooperaccion.org.pe/publicaciones/diez-tesis-para-abordar-el-tema-de-la-mineria-artesanal-y-en-pequena-escala-la-informal-y-la-abiertamente-ilegal/