Global Witness: La situación de los defensores de la tierra
El año 2025 fueron asesinadas 124 personas en todo el planeta “por alzar la voz para proteger sus tierras y sus medios de subsistencia de la destrucción”, señala el más reciente informe de la institución Global Witness. La mayoría de los casos se concentra en América Latina, y el Perú figura entre los 10 países con mayor número de asesinatos a defensores ambientales.
Este reporte recoge casos documentados que dan cuenta de la violencia que sufren en el mundo los defensores y defensoras de la tierra y el ambiente. Desde que Global Witness comenzó a realizar estos informes el año 2012, el total de asesinatos a defensores ambientales cometidos en todo el mundo asciende a más de 2375.
Como ha ocurrido otros años y es una constante en la última década, la mayoría de los asesinatos se concentra en América Latina (el 85% de los casos). Le sigue Asia con una participación del 12%. En la región, Colombia, Brasil, Honduras, México, Guatemala, Perú, Nicaragua y Ecuador, figuran en el grupo de los diez países con mayor número de asesinatos.
ASESINATOS A DEFENSORES AMBIENTALES POR PAÍS
El informe subraya que la violencia contra los defensores ambientales y de derechos humanos en América Latina se ha visto exacerbada por el creciente poder del crimen organizado “que fomenta un clima de corrupción e impunidad en toda la región”. Países como Colombia, Brasil, Honduras, México, Guatemala, Perú y Ecuador son ejemplos de esta tendencia. En otras regiones del planeta, la situación de Filipinas también es preocupante: “Identificamos presuntos vínculos con el crimen organizado y sicarios en más de un tercio de los asesinatos a defensores en 2025, lo que los convierte, con mucho, en los perpetradores más frecuentemente implicados”.
También se menciona que el crimen organizado no solo asesina, “también corrompe las estructuras e instituciones fundamentales que deberían proteger a la población de la violencia. Los esfuerzos de los grupos criminales por controlar territorios y garantizar su impunidad contribuyen a la corrupción generalizada, al debilitamiento de la gobernanza y a la corrupción en los sistemas de justicia”. Esta descripción coincide plenamente con lo que pasa en el Perú.
Casi tres cuartas partes de los asesinatos han sido indígenas y pobladores rurales. Además, varios de los indígenas asesinados eran miembros de sistemas de vigilancia que trabajaban para proteger sus territorios de las amenazas: “Este nivel persistentemente alto de ataques letales refleja las deficiencias generalizadas del Estado a la hora de proteger a los defensores del medio ambiente”, señala.
El informe también destaca la experiencia de las guardias indígenas y menciona el caso del pueblo indígena Kakataibo en el Perú, cuyo territorio ancestral se ubica en la zona tributaria del río Ucayali y abarca alrededor de 1 500 000 hectáreas. En la actualidad, el territorio de los kakataibos viene siendo amenazado por actividades extractivas, muchas de ellas ilegales, y ya ha perdido una quinta parte de su cubierta forestal. Desde el año 2022, seis defensores ambientales kakataibos han sido asesinados.
Lo que viene pasando en América Latina es un llamado de atención a los diferentes Estados por la inacción de las autoridades, que dejan sin protección a comunidades enteras, sobre todo en la Amazonía, frente a la creciente presencia del crimen organizado que se sigue expandiendo. El caso peruano es un buen ejemplo de esta preocupante tendencia.