Foro internacional analiza el avance de las economías ilegales y plantea respuestas integrales frente al crimen organizado en América Latina
Especialistas, representantes de pueblos indígenas y organismos internacionales coincidieron en que las economías ilegales han reconfigurado las relaciones de poder en la región y advirtieron que enfrentarlas requiere fortalecer la institucionalidad, proteger los territorios y reconocer el papel de los pueblos indígenas como actores fundamentales en su defensa.
Con el propósito de analizar el avance de las economías ilegales y el crimen organizado en América Latina desde una perspectiva que trascienda el enfoque exclusivamente policial, CooperAcción, Amazon Watch, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizaron el foro público “Economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina”, actividad que reunió en Lima a especialistas, representantes de organismos internacionales y líderes indígenas de distintos países de la región.
El encuentro fue el cierre de dos jornadas de trabajo e intercambio entre investigadores, organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil, quienes reflexionaron sobre los impactos de las economías ilegales en la democracia, los derechos humanos y la Amazonía, así como sobre las respuestas que los Estados y la comunidad internacional deben impulsar para enfrentar un fenómeno cada vez más complejo y transnacional.
Durante la inauguración, el jefe de la Misión Técnica del ACNUDH en el Perú, Jesús Peña, señaló que el crecimiento de las economías ilícitas exige respuestas que coloquen en el centro la protección de los derechos humanos y la participación efectiva de los pueblos indígenas. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer las obligaciones estatales de protección y promover una mayor responsabilidad de las empresas que desarrollan actividades en territorios afectados por estas dinámicas.
Por su parte, el director ejecutivo de CooperAcción, Abel Gilvonio, advirtió que actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal han dejado de operar de manera aislada para convertirse en redes interconectadas que disputan el control de los territorios, profundizan la corrupción y debilitan la institucionalidad democrática. En ese contexto, destacó la importancia de generar espacios de diálogo regional que permitan comprender la magnitud del problema y construir respuestas conjuntas.
Primera mesa: economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina
El investigador Fernando Carrión abrió el primer panel explicando que el crimen organizado ha experimentado profundas transformaciones durante las últimas décadas. Según señaló, las antiguas estructuras jerárquicas han dado paso a organizaciones criminales más flexibles, capaces de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos, económicos y políticos, mientras que las políticas públicas continúan respondiendo con herramientas diseñadas para una realidad que ya no existe. En ese sentido, sostuvo que comprender las nuevas formas de funcionamiento de estas redes resulta indispensable para formular estrategias eficaces.
A continuación, Guillermo Fernández-Maldonado, representante del ACNUDH, alertó sobre el debilitamiento de la institucionalidad democrática en un contexto marcado por el avance de discursos centrados en la militarización y la denominada «mano dura». Advirtió que estas respuestas, lejos de resolver las causas estructurales del problema, suelen privilegiar el control inmediato de la violencia en detrimento de la protección de los derechos humanos y del fortalecimiento de las instituciones públicas, favoreciendo incluso la consolidación de formas de gobernanza criminal.
Desde el periodismo de investigación, Pamela Huerta, de Amazon Underworld, presentó hallazgos obtenidos en territorios fronterizos de la Amazonía, donde el crimen organizado ha consolidado corredores para el tráfico de drogas, oro y otros recursos. A partir de testimonios recogidos en comunidades indígenas y zonas de frontera, describió cómo estas economías ilegales se articulan con redes de corrupción y capturan espacios de poder local, generando violencia, desplazamientos y una creciente ausencia del Estado.
La representante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Ingry Mojanajinsoy, expuso el impacto que estas dinámicas tienen sobre los pueblos indígenas. Señaló que la expansión de grupos armados y economías ilegales pone en riesgo la supervivencia física y cultural de numerosas comunidades, mediante el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes, el reclutamiento de niños y adolescentes, así como la contaminación de los ríos y territorios de los que dependen para su subsistencia. Frente a ello, insistió en la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como aliados estratégicos en la protección de la Amazonía.
Cerró la primera mesa Raphael Hoetmer, de Amazon Watch, quien analizó el papel que desempeña la demanda internacional de materias primas como el oro y la cocaína en la expansión de estas economías ilícitas. Sostuvo que el problema no puede entenderse únicamente desde los países productores, sino también desde las cadenas globales de consumo y financiamiento que sostienen estos mercados. Asimismo, advirtió que el debilitamiento institucional y determinadas decisiones políticas están creando condiciones cada vez más favorables para el avance de estas actividades en la Amazonía.
Segunda mesa: ¿Seguridad para quién? Respuestas estatales y alternativas frente al crimen organizado
La segunda mesa estuvo orientada a debatir las respuestas frente a este fenómeno y abrió con la participación de Lucía Dammert, quien sostuvo que las economías ilegales representan hoy mucho más que un problema criminal, pues constituyen verdaderos sistemas económicos que disputan espacios de gobernanza. En ese sentido, cuestionó la persistencia de políticas centradas exclusivamente en la represión y recordó que décadas de guerra contra las drogas no han logrado reducir estos mercados. Además, llamó la atención sobre la necesidad de incorporar el análisis de la demanda internacional y de fortalecer la cooperación entre los países para enfrentar un problema que trasciende las fronteras nacionales.
Por su parte, Ricardo Soberón advirtió que el Perú enfrenta una «última oportunidad» para modificar el rumbo de sus políticas frente al avance de las economías ilegales antes de alcanzar un punto de no retorno, especialmente en la Amazonía. Comparó la situación actual con una «tormenta perfecta», caracterizada por el debilitamiento del sistema internacional, el deterioro institucional y la persistencia de estrategias que han demostrado su fracaso durante más de cincuenta años. Como alternativa, propuso impulsar un nuevo ordenamiento territorial, fortalecer la investigación criminal orientada a desarticular las estructuras financieras del crimen organizado y construir un nuevo pacto entre el Estado y las poblaciones amazónicas e indígenas, basado en el reconocimiento efectivo de sus derechos y ciudadanía.
Desde la experiencia del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Mauricio Capaz compartió las estrategias que los pueblos indígenas colombianos han desarrollado para resistir la presencia de actores armados y economías ilegales. Destacó que la defensa del territorio se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el territorio, la identidad y el gobierno propio. Asimismo, explicó el papel que cumplen las guardias indígenas como mecanismos comunitarios de protección, justicia y control territorial, construidos desde la organización colectiva y sin el uso de armas.
A su turno, Galois Flores, representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, presentó la experiencia de autonomía desarrollada por su pueblo como una respuesta frente a la ausencia del Estado y al avance de actividades ilegales. Explicó que la Nación Wampis ha implementado un sistema propio de monitoreo y vigilancia socioambiental, conocido como Charip, que ha contribuido a reducir la presencia de actividades ilícitas dentro de su territorio. Asimismo, reiteró la demanda para que el Estado peruano reconozca plenamente a los gobiernos indígenas y fortalezca sus capacidades para proteger la Amazonía. «La autonomía no es un favor del Estado; es nuestra propia existencia», enfatizó durante su intervención.
Cerrando la mesa, Zoila Macavilca, especialista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destacó que las organizaciones criminales operan cada vez más mediante redes convergentes que combinan distintas actividades ilícitas y aprovechan las debilidades institucionales de los Estados. Frente a ello, sostuvo que la cooperación internacional ya no constituye una opción, sino una necesidad, y resaltó la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones como la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos de control. Asimismo, presentó experiencias recientes de cooperación regional e investigación conjunta impulsadas por la UNODC para enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado transnacional.
Finalmente, en la clausura del evento, Vladimir Pinto, de Amazon Watch, señaló que el reto actual también pasa por disputar el sentido del debate público sobre estas problemáticas. Enfatizó que las economías ilegales no pueden reducirse a un asunto de seguridad, sino que deben abordarse desde una perspectiva que incorpore los derechos humanos, el desarrollo, la protección ambiental y la corresponsabilidad internacional, especialmente frente a la crisis que atraviesa la Amazonía y sus pueblos.