Facultades legislativas: especialistas advierten riesgos para la institucionalidad ambiental y la gestión de recursos naturales

El pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso incluye diversas medidas vinculadas a la gestión ambiental, los recursos hídricos, las áreas naturales protegidas, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, los recursos forestales y la evaluación y certificación ambiental. Especialistas advierten que varias de estas propuestas podrían debilitar las garantías ambientales y ampliar las posibilidades de intervención sobre recursos naturales bajo el argumento de la simplificación administrativa y el destrabe de inversiones.

Este fue el tema central de una nueva edición de La Hora Verde, programa de actualidad socioambiental de CooperAcción, que contó con la participación de Marisa Glave, excongresista; Ana Leyva, especialista legal y coordinadora del Programa Amazónico de CooperAcción; y Beatriz Cortez, investigadora de la Red Muqui.

Durante el programa, Marisa Glave señaló que el pedido de facultades debe analizarse tomando en cuenta el contexto político actual y el deterioro de la institucionalidad democrática. Consideró especialmente preocupante que se plantee una delegación amplia de competencias al Ejecutivo, pues esto reduciría el debate público y la deliberación parlamentaria sobre decisiones que pueden tener impactos importantes en el país. En ese sentido, cuestionó que se presenten como asuntos urgentes modificaciones relacionadas con áreas naturales protegidas o pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, cuando estas responden a decisiones sobre el modelo de desarrollo y el aprovechamiento de recursos naturales.

Glave también recordó el antecedente de las facultades otorgadas durante el gobierno de Alan García en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos, que derivaron en normas cuestionadas por organizaciones indígenas y que estuvieron vinculadas al conflicto de Bagua. Para la excongresista, el actual Congreso debe actuar con especial responsabilidad y evitar otorgar facultades demasiado amplias, planteando que, si se considera necesario delegar algunas competencias, estas deberían estar claramente delimitadas y responder a temas específicos.

Por su parte, Ana Leyva sostuvo que uno de los principales problemas del pedido es la amplitud y falta de precisión con la que se plantean las facultades. Explicó que entre los aspectos que requieren mayor atención están las modificaciones al sistema de evaluación y certificación ambiental, las áreas naturales protegidas, las reservas para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial y la gestión de los recursos hídricos. Advirtió que debilitar los instrumentos de gestión ambiental, particularmente los estudios de impacto ambiental y las opiniones técnicas de las entidades competentes, podría reducir la capacidad del Estado para prevenir daños sobre las personas, los ecosistemas y las actividades económicas.

La especialista también cuestionó que se pretenda justificar la apertura de áreas naturales protegidas y reservas indígenas para actividades de hidrocarburos bajo el argumento de la seguridad energética. Señaló que el país necesita discutir una política energética y avanzar hacia una transición que reduzca su dependencia de los combustibles fósiles, en lugar de ampliar las posibilidades de explotación en territorios especialmente sensibles. Asimismo, alertó sobre medidas relacionadas con el otorgamiento y renovación de derechos de uso de agua y las autorizaciones para vertimientos, considerando que podrían debilitar aún más la protección de un recurso escaso y fundamental.

A su turno, Beatriz Cortez manifestó su preocupación por cuatro aspectos principales del pedido de facultades: los recursos hídricos, la evaluación y certificación ambiental, los recursos forestales y el despojo territorial. Según explicó, bajo el argumento de la simplificación administrativa podrían reducirse garantías ambientales y centralizarse aún más la gestión de los recursos naturales. En particular, cuestionó los cambios planteados para la Autoridad Nacional del Agua y advirtió que reducir su capacidad como entidad opinante no significaría fortalecerla, sino debilitar las garantías para la protección del agua.

Cortez también señaló que estas medidas podrían profundizar problemas que ya afectan a las comunidades y territorios, como la falta de consulta previa y de participación ciudadana efectiva. Añadió que más de la tercera parte de las 66 medidas incluidas en el pedido de facultades están relacionadas con recursos naturales, por lo que consideró necesario prestar especial atención a la gobernanza del agua en un contexto de creciente crisis climática y presión de actividades mineras, energéticas y tecnológicas sobre este recurso.

Las especialistas coincidieron en que el Congreso debe evaluar con especial cuidado el alcance de las facultades solicitadas y evitar delegaciones generales que permitan modificar normas ambientales sin una discusión pública suficiente. Para Leyva, Glave y Cortez, las medidas vinculadas con la gestión de los recursos naturales, la evaluación ambiental, el agua, los bosques y los territorios indígenas requieren límites claros y no deberían ser aprobadas bajo el argumento de una supuesta urgencia.

El debate sobre las facultades legislativas, señalaron, no se reduce a la simplificación de trámites o al destrabe de inversiones. Lo que está en discusión es quién toma las decisiones sobre los recursos naturales, bajo qué reglas y con qué mecanismos de control y participación. En ese sentido, advirtieron que las modificaciones planteadas pueden tener efectos de largo plazo sobre el agua, los bosques, la Amazonía, las comunidades y la institucionalidad ambiental del país.

Mira el programa completo de La Hora Verde: