EDITORIAL: NUEVO GOBIERNO: ¿QUÉ VA A PASAR CON LA MINERÍA INFORMAL Y LA ABIERTAMENTE ILEGAL?

Para nadie es un secreto que uno de los grandes temas vinculados a la agenda minera del país es la problemática de la minería informal y la abiertamente ilegal. En una campaña que ha sido bastante pobre en términos programáticos, en las dos vueltas electorales se dijeron puras generalidades. Y en el proceso de transferencia del último mes no ha sido diferente.

Uno de los voceros del equipo económico, y voceado como posible ministro de Economía y Finanzas, ha dicho al respecto que se hará una suerte de reforma del Reinfo; que el marco legal será “recalibrado” con una nueva ley MAPE; que se transformará la actividad informal en una fuente de ingresos para el Estado, con la participación de Aduanas y la Unidad de Inteligencia Financiera; etc.

En realidad, los mensajes siguen siendo por el momento un listado de generalidades y sigue faltando descifrar el cómo se piensa hacer frente a una situación altamente compleja. Desde CooperAcción seguimos insistiendo en que este tipo de minería presenta varias aristas que deben ser consideradas. En primer lugar, varía en relación a las zonas geográficas en las que se ubica. No es lo mismo la minería aluvial, que se ha implantado en la Amazonía y que, en términos de conflicto, enfrenta todavía resistencias de algunos pueblos indígenas y de organizaciones nacionales como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); que lo que ocurre en zonas andinas, donde por lo general este tipo de minería tiene un notorio respaldo social, en la medida en que es una actividad enraizada en los territorios, que genera mucho empleo local, dinamiza las economías locales y, de manera creciente, las propias comunidades son las que la realizan.

Además, se ha construido un discurso de legitimación que acompaña el proceso de expansión de la extracción: “somos mineros ancestrales”; “hacemos extracción soberana”; “estamos nacionalizando la producción minera”; “generamos empleo y el beneficio económico que generamos se queda en los territorios”. Por supuesto, los discursos de reivindicación de este tipo de minería no dicen nada sobre los tremendos impactos sociales y ambientales que genera, la violencia que por lo general impone en los territorios, la explotación laboral, la trata de personas, etc.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que dentro de esta otra coalición de productores mineros hay distintas categorías: están los pequeños productores, los artesanales, lo informales, los ilegales. Además, todo indica que el grupo de mayor poder es el vinculado a las plantas de beneficio, las formales y las informales, que se han expandido: solo las plantas formales suman 304, distribuidas en 17 departamentos del país.  

Los procesos seguidos hasta ahora en las esferas del Ejecutivo y en espacios como la Comisión de Energía y Minas del Congreso que termina sus funciones, han apuntado a definir una Ley MAPE (minería artesanal y de pequeña escala), desconectada de la Ley General de Minería. Se sigue creyendo que lo que se define como minería artesanal y en pequeña escala, es un espacio disociado del resto de los estamentos de la producción minera y que no hay conexiones que deben ser reconocidas y atendidas.

La Ley General de Minería, que data del año 1992, fue pensada en función, sobre todo, de la gran y mediana minería. Apenas dos artículos de esta ley mencionan a la pequeña minería para, básicamente, definirla en función de la extensión de las concesiones y los niveles de producción. La pequeña minería y todas sus ramificaciones (artesanal, informal, comunal, etc.), han sido tratadas como actividades marginales por el marco legal vigente en las últimas décadas. Pese a ello, en todo este tiempo, han resistido y han mostrado capacidad de resiliencia, mientras han sido ignoradas por los canales institucionales.

Recién ahora, que esta actividad ha tomado las proporciones que se constata en buena parte del territorio nacional, es que se intenta reaccionar; pero sin tocar una estructura legal e institucional que ya tiene más de 30 años de vigencia y que no permite dar respuesta a un fenómeno que se ha desbordado y que pretende ser controlado en varias zonas por las economías ilegales y el crimen organizado.

Muchos de los cuellos de botella que deben ser abordados están en la Ley General de Minería. Solo un ejemplo: el tema de las concesiones mineras, que hoy en día está sobre la mesa de debate y que debe ser tratado. 

Si no entendemos que las salidas a un problema tan complejo pasan en parte por revisar el marco legal e incorporar a los verdaderos mineros artesanales y de pequeña escala, y a los informales que buscan regularizar su situación, seguiremos sin revertir la situación que se vive en varios territorios.

La pregunta que hay que hacer a los diferentes estamentos de la minería es cuánto están dispuestos a ceder en sus agendas e intereses de grupo, para construir respuestas que permitan atraer a los verdaderos mineros y aislarlos de los ilegales y del crimen organizado.