EDITORIAL: LOS INFORMES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA NECESIDAD DE AJUSTAR DIAGNÓSTICOS

La Defensoría del Pueblo comenzó a realizar sus reportes mensuales sobre conflictos sociales el año 2004. Estos reportes se convirtieron en un material clave para entender lo que venía pasando en el país en materia de conflictividad social.

Un primer dato que mostró la Defensoría del Pueblo era que el país se había convertido en un escenario de creciente conflictividad social y que la mayoría de conflictos respondían a la categoría de socio ambientales. Dentro de los conflictos socio ambientales, destacaban, en número e intensidad, los casos vinculados a la minería. Este dato permitía afirmar que la matriz de la conflictividad social en el país había cambiado, a diferencia de lo que había pasado en décadas anteriores.

Desde entonces, al margen de los momentos de mayor o menor conflictividad social y la evolución de los casos activos o latentes, el diagnóstico de la Defensoría del Pueblo no ha variado mucho. Por ejemplo, si tomamos los datos que presenta uno de los últimos reportes publicados este año, la situación se mantiene: los conflictos socio ambientales siguen siendo predominantes y, dentro de esta categoría, los conflictos vinculados a la minería son mayoritarios.

Cabe preguntar si la realidad se ha vuelto más compleja y si los reportes de la Defensoría del Pueblo reflejan los cambios que están ocurriendo. Desde el OCM consideramos que se han producido cambios que deben ser tomados en cuenta: uno de ellos tiene que ver con la jerarquía que tienen algunos temas en las demandas de las poblaciones que se movilizan. Por ejemplo, el peso de las demandas de carácter económico es cada vez mayor en los territorios, aspecto que se puso en evidencia desde la pandemia; y el impacto que se generó en la economía del país, con la pérdida masiva de puestos de trabajo y, como consecuencia, en los indicadores de pobreza. Como lo señalan recientes informes publicados, como el Mapa de Pobreza, todavía no recuperamos los niveles prepandemia.

Otro ejemplo que podemos citar está vinculado con la minería: la matriz de la conflictividad social vinculada a esta actividad también ha cambiado y se ha complejizado. Los conflictos de poblaciones que defienden sus tierras y sus fuentes de agua, frente a las grandes empresas, si bien siguen estando presentes, ahora comparten protagonismo con otros temas. En la actualidad una de las más importantes fuentes de tensión tiene que ver con el avance de la pequeña minería, la informal y la abiertamente ilegal, que le viene disputando territorios a la gran minería y plantea una gran variedad de actores en pugna. La heterogeneidad de este conflicto en territorios tan variados plantea enormes retos para los diagnósticos.

Lo cierto es que los que venimos siguiendo la evolución de la conflictividad social en el país debemos tener la capacidad de identificar las nuevas tendencias que van apareciendo, los nuevos actores y las estrategias que están en curso.