EDITORIAL – LAS BAMBAS Y LOS RETOS PENDIENTES (Boletín AMP #238, Abril 2019)

El pasado 24 de mayo se instaló la Mesa de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Cotabambas, como parte de la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados previamente con el Presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar en la ciudad de Challhuahuacho. De esta manera se superaba el impase de la reunión previa, que estuvo pésimamente organizada y en la que la delegación del Ejecutivo no estuvo encabezada por un solo Ministro de Estado.

En esta ocasión, la presencia del Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, le daba el respaldo al proceso que las comunidades demandaban. Los acuerdos representan un primer avance sobre un tema que preocupa a las comunidades: los largos procesos judiciales que enfrentan alrededor de 200 dirigentes y comuneros.

¿Qué se ha acordado? En primer lugar, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) se ha comprometido a designar a un equipo de jueces que en Cotabambas revisarán cada uno de los expedientes en un lapso de dos semanas. Además, el Ministerio de Justicia ha anunciado que se fortalecerá la Defensoría Pública en la provincia de Cotabambas y se instalará en un mes una Oficina de Derechos Humanos, al mismo tiempo que también se hará una evaluación integral de las denuncias y se emitirá un informe caso por caso.

Otro acuerdo también busca abordar la situación que enfrentan las viudas y heridos de los conflictos pasados, que siguen esperando una solución integral de las autoridades competentes. Finalmente, el congresista Richard Arce, que dicho sea de paso ha jugado un rol muy importante es este proceso, se ha comprometido a promover un proyecto de ley de amnistía que será presentado en una semana, previa coordinación con los sectores competentes.

Con la reunión del 24 de mayo y los acuerdos logrados, definitivamente el caso Las Bambas ha entrado a un nuevo momento, donde se está privilegiando el diálogo y las vías institucionales. Dependerá ahora que cada uno de los actores asuma plenamente sus compromisos y que, sobre todo, los acuerdos se cumplan.

Sin embargo, los retos son mayores. Así como se dice que el país es uno de los principales productores mundiales de cobre y de otros metales, debemos reconocer que nuestro país se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de conflictos sociales vinculados a la minería. Por lo tanto, así como el país se prepara para recibir inversiones, debería también prepararse para enfrentar los conflictos que esas inversiones provocan y no reaccionar tarde, mal o nunca.

Esta sigue siendo una enorme tarea pendiente que demanda ser atendida con urgencia, sobre todo porque de por medio está la afectación permanente de derechos de poblaciones enteras.