EDITORIAL: EL VICE MINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL Y LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS CONFLICTOS SOCIALES (Boletín AMP # 226 – Abril 2018)

Flamante vice ministro Raúl Molina asume en un contexto de crecimiento de la conflictividad

El gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva acaba de nombrar como vice ministro de Gobernanza Territorial a Raúl Molina. El flamante vice ministro es un destacado profesional que ya ha pasado por la Presidencia del Consejo de Ministros como jefe del gabinete de asesores y como secretario de descentralización.

Como se sabe, el vice ministerio de Gobernanza Territorial tiene a su cargo los temas de descentralización, demarcación territorial y sobre todo implementar y liderar las políticas y estrategias para enfrentar la conflictividad social. A partir de la experiencia de sus antecesores, todo indica que el tema de la conflictividad social será una de las prioridades del nuevo vice ministro.

Por lo tanto, no está de más tomar en cuenta los últimos informes de la Defensoría del Pueblo para entender el panorama que le espera. En el último informe de la Defensoría sobre la evolución de la conflictividad social en el país, se muestra un incremento sostenido en el número de casos: entre diciembre 2017 y marzo 2018, los conflictos han pasado de 169 a 188, el nivel más alto de los últimos doce meses.

En esta ocasión, salvo en algunos casos -por ejemplo, el conflicto de los paperos-, el incremento sostenido no es muy bullicioso, tampoco está acompañado de movilizaciones que duren muchos días y no está focalizado en una zona específica del país o en un solo gremio. Sin embargo, las estadísticas indican que algo está pasando y nuestras autoridades deberían tomar cartas en el asunto.

La tendencia creciente en el número de conflictos coincide con el registro de acciones colectivas de protesta, aunque ha sido sobre todo entre febrero y marzo que se nota un incremento significativo de esta variable: de 35 a 111 acciones de protesta en un mes, el pico más alto de los últimos ocho meses. Como se recuerda, en el mes de julio del año pasado las acciones de protesta alcanzaron un pico (200 protestas), en plena huelga de maestros, profesionales de la salud, trabajadores del Poder Judicial, entre otros.

Fuente: Defensoría del Pueblo. Elaboración: CooperAcción

El registro reciente de las acciones de protesta muestra una amplia gama de situaciones: productores de arroz del Alto Huallaga y otras regiones; damnificados del norte del país; productores de papa; trabajadores azucareros; pescadores artesanales; comunidades indígenas del Datem del Marañón, demandas por mejoras en carreteras, trabajadores de construcción civil y un largo etc. Además, en lo que va del año el número de personas heridas por conflictos sociales suma 51 y son 3 las personas fallecidas.

¿Cuáles son las zonas del país que registran el mayor número de conflictos? Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Áncash es la región que concentra el mayor número de conflictos en el mes de marzo: 30 conflictos que representan el 16% del total nacional; le siguen Puno con 16 conflictos y una participación del 8.5%; Cusco y Apurímac con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.4% del total. Cierra este grupo de las cinco regiones con mayor número de conflictos Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.9%. En todas las regiones, destacan nítidamente los conflictos socio-ambientales, sobre otros temas como los casos vinculados al gobierno nacional, los de los gobiernos locales, conflictos laborales, problemas de demarcación territorial, entre otros.

Esto se expresa en las cifras globales: el 65.5% de los conflictos son socio-ambientales y de estos el 64.8% son casos vinculados a la minería. Conflictos sobre todo con empresas de la gran minería por problemas de contaminación, demandas económicas, incumplimientos de actas, modificaciones de proyectos, impactos del tránsito pesado, etc. En varias regiones también se registran conflictos por la presencia creciente de actividades de minería informal o abiertamente ilegal.

¿Cuál será la tendencia en los próximos meses?

Lo primero que habría que tomar en cuenta es que de los 188 conflictos registrados en marzo, 136 son conflictos activos y 52 casos latentes, lo que presenta una carga pesada que debería ser tomada en cuenta por el gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva. Además, solo el 55.1% de los conflictos activos se encuentran encausados en procesos de diálogo.

Reciente protesta en Moquegua contra alza de tarifas de agua. Foto: Prensa Regional.

En la medida que la gran mayoría de conflictos -sobre todo los socio-ambientales- se encuentran bajo la competencia del gobierno nacional (66.5%), su evolución dependerá mucho de la estrategia que se defina en la Presidencia del Consejo de Ministros. Lamentablemente, las primeras decisiones tomadas sobre algunos casos emblemáticos -como el de Las Bambas- preocupan: el pasado 12 de abril, el Ejecutivo emitió el decreto supremo 037-2018-PCM en el que se resuelve “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa”. La norma en mención agrega que “La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

Con esta nueva ampliación del estado de emergencia, hay localidades de Cusco y Apurímac que cumplirán 10 meses bajo esta situación supuestamente excepcional, que restringe los derechos ciudadanos, pese a que no se han registrado nuevas protestas.

Sería un muy buen mensaje del flamante vice ministro Molina, terminar con los estados de emergencia como mecanismo priorizado para enfrentar la conflictividad social en el país. En realidad, nada justifica la nueva ampliación del estado de emergencia y que se pretenda continuar con las mismas políticas que lo único que logran es criminalizar la protesta y recortar derechos.

30 de abril de 2018

Compartir: