Cuando alzar la voz es peligroso: ¿Cómo proteger a quienes denuncian y defienden derechos?

Defender un territorio, proteger el ambiente, denunciar vulneraciones de derechos o investigar hechos de interés público puede convertirse en una actividad de alto riesgo. Las amenazas contra personas defensoras y periodistas no solo ponen en peligro sus vidas y las de sus familias, sino que también afectan el derecho de las comunidades y de la ciudadanía a conocer lo que ocurre en sus territorios.

Este fue el tema central de una nueva edición de La Hora Verde, programa de actualidad ambiental de CooperAcción, titulada “Cuando alzar la voz es peligroso: ¿Cómo proteger a quienes denuncian y defienden derechos?”. El programa contó con la participación de Karina Castro, de CooperAcción; Toby Hill, investigador de Global Witness; y Renzo Chávez, de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

Karina Castro explicó que las personas defensoras de derechos humanos pueden ser individuos u organizaciones que trabajan para promover y proteger derechos y libertades. Se trata de una categoría amplia que incluye a quienes defienden territorios, ecosistemas y comunidades, pero también a periodistas y comunicadores que ejercen el derecho a la libertad de expresión y visibilizan vulneraciones. En este contexto, señaló que desde 2021 se han registrado aproximadamente 36 personas defensoras del ambiente y el territorio asesinadas en el Perú.

La especialista también advirtió que la violencia contra las personas defensoras no comienza necesariamente con una agresión física. La estigmatización, los señalamientos como “antidesarrollo” o “terroristas” y los procesos de criminalización forman parte de las presiones que enfrentan quienes defienden sus territorios. A ello se suman amenazas contra ellos, sus familias y comunidades, vinculadas a economías ilegales, actividades formales y actores con poder político. Para Castro, los mecanismos estatales de protección existentes todavía son insuficientes y, en muchos casos, terminan siendo vistos como un trámite antes que como una herramienta efectiva de protección.

Por su parte, Toby Hill explicó que el informe de Global Witness documentó 124 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio durante 2025 en todo el mundo, de los cuales el 85 % ocurrió en América Latina. En el caso peruano se registraron cuatro asesinatos. El investigador señaló que más de un tercio de los casos documentados estuvo vinculado al crimen organizado o a sicarios, y destacó que este fenómeno genera además contextos de corrupción e impunidad que incrementan los riesgos para quienes defienden sus territorios.

Hill señaló que muchos de estos asesinatos ocurren en contextos de conflictos por la tierra y el territorio, por lo que resulta fundamental atender las causas estructurales de esta violencia. Entre las medidas planteadas mencionó garantizar los derechos colectivos sobre la tierra, los territorios y los recursos, asegurar el consentimiento libre, previo e informado, fortalecer los mecanismos de alerta temprana y protección colectiva y garantizar el espacio cívico y el derecho a defender los territorios. También destacó experiencias de protección colectiva desarrolladas por pueblos indígenas en el Perú.

Renzo Chávez, de la Asociación Nacional de Periodistas, señaló que los periodistas que trabajan fuera de Lima enfrentan una mayor vulnerabilidad, especialmente en lugares donde existe una débil presencia del Estado y una mayor presencia de redes de corrupción y organizaciones criminales. En estos contextos, quienes investigan y visibilizan actividades como la minería ilegal o la trata de personas pueden convertirse en blanco de amenazas. Como ejemplo, mencionó el caso del periodista Manuel Cayo Quispe, de Madre de Dios, quien ha recibido amenazas contra él y su familia y ha enfrentado incluso ataques contra su domicilio.

Chávez también advirtió que este escenario puede generar autocensura entre periodistas que trabajan en regiones. Las amenazas, los procesos judiciales y la falta de protección estatal pueden llevar a que algunos dejen de investigar determinados temas por temor a las consecuencias. Para el representante de la ANP, cuando un periodista deja de investigar por miedo, la sociedad pierde la posibilidad de conocer lo que ocurre a su alrededor y de tomar decisiones informadas. Por ello, consideró necesario atender problemas estructurales del Estado relacionados con la investigación de las amenazas, la falta de recursos, personal e implementación y las condiciones para garantizar el ejercicio periodístico.

A lo largo del programa, los tres participantes coincidieron en que la violencia contra quienes defienden derechos, territorios y libertad de expresión no puede entenderse únicamente a partir de las agresiones finales. Las amenazas, la estigmatización, la criminalización, la autocensura, la corrupción, la impunidad y la falta de respuesta efectiva del Estado forman parte de un escenario que incrementa la vulnerabilidad. También señalaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, atender las causas estructurales de los conflictos y garantizar condiciones para que las personas puedan defender derechos e informar sin poner en riesgo sus vidas.

Alzar la voz para defender un territorio, denunciar una vulneración o informar sobre aquello que ocurre en una comunidad no debería convertirse en una amenaza para la vida. Proteger a quienes realizan estas labores implica también proteger el derecho de las comunidades y de la ciudadanía a participar, expresarse y acceder a información sobre lo que ocurre en sus territorios. En un contexto marcado por amenazas y violencia, la pregunta no es solo cómo reaccionar frente a un ataque, sino qué condiciones necesita el país para que defender derechos e informar sobre ellos pueda ejercerse sin miedo.