En agosto pasado, con una sentencia en segunda instancia, el Poder Judicial le volvió a dar la razón al pescador Henry Palma García en el juicio contra el ministerio de la Producción- Produce por la demora en la reglamentación de la Ley N° 31749.
El gobierno de Dina Boluarte impulsa la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, en el Callao, a pesar de las críticas por sus elevados costos y por los informes oficiales que habían declarado la propuesta inviable previamente.
No se trata de un texto exclusivamente académico, sino de un esfuerzo de reflexión y propuesta desde la sociedad civil, con base en experiencias concretas de diálogo, resistencia y búsqueda de alternativas en territorios como Moquegua, Espinar e Ilo. Reimaginando la minería al 2045 invita a pensar en pactos sociales de largo plazo, en nuevas formas de gobernanza territorial y en transiciones que permitan superar la dependencia del extractivismo.
El encuentro reunió a especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Consejo Fiscal, de la SUNAT, además de académicos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de analizar el impacto que podrían tener en las finanzas públicas las recientes propuestas legislativas que implican beneficios tributarios o mayores gastos para el Estado.
La Asociación de pescadores de la caleta San Martín de Végueta, ubicada en la provincia de Huaura, región Lima, ha alertado a la ciudadanía la instalación de tuberías de gran tamaño en la caleta San Martín realizada por la empresa pesquera Tecnológica de Alimentos S.A. – TASA, por donde presuntamente arrojarán residuos contaminantes directamente al mar.
La expansión de la minería ilegal no es solo un problema de seguridad: es también una amenaza climática de escala global. El uso indiscriminado de mercurio y la destrucción de bosques en zonas críticas de la Amazonía afectan la estabilidad climática y ponen en riesgo el futuro del planeta.
El Ministerio de la Producción -Produce ha planteado cambios a las normas pesqueras, a través de un proyecto de decreto supremo. De aprobarse, puede favorecer a la pesca ilegal y facilitar el ingreso de la pesca en áreas marinas protegidas, como la Reserva Nacional de Paracas.
Siete organizaciones indígenas de alcance nacional enviaron una carta al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el pasado 30 de agosto, en la que denuncian diversas irregularidades que vulneran el derecho a la autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025.
La Hora Verde subrayó que los EIA no son un capricho ni una traba, sino herramientas esenciales para equilibrar intereses y proteger la vida de las personas y los ecosistemas. Sin ellos, el riesgo es claro: avanzar hacia un modelo de “desarrollo” que destruye lo que debería proteger.
Los y las expositoras coincidieron en la urgencia de diferenciar y apoyar a quienes en la MAPE buscan sinceramente formalizarse, mientras se construye un frente común contra los actores criminales. También hubo consenso en la necesidad de mirar toda la cadena de valor de la minería artesanal y no reducir la política pública solo al acto de extracción.
a Ruta de los Pueblos llegó a Cusco con la Audiencia Macrorregional del Sur, un espacio de diálogo y construcción colectiva donde comunidades y organizaciones de siete regiones presentaron propuestas para enfrentar la crisis ambiental, climática y alimentaria, reafirmando la defensa de los territorios, el agua y la naturaleza frente al extractivismo.
El Poder ejecutivo aprobó los decretos supremos que permiten la incorporación de las empresas Chevron Peru Exploration y Weslawn Perú como socios de la compañía Anadarko Perú en los contratos de exploración y explotación petrolera en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, en las regiones de Lambayeque y La Libertad.
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