Caso Santiago Guardamino: Asesinato de un defensor de derechos territoriales en Perú

El 1 de abril de 2024, Santiago Guardamino Gonzáles, presidente de la Comunidad Campesina de Quipán en Canta, Lima, fue asesinado de nueve disparos por sicarios cuando se dirigía a su vivienda en Carabayllo. Guardamino lideraba acciones legales para recuperar 10 000 hectáreas de tierras comunales que, según una investigación del medio Sudaca, habrían sido vendidas fraudulentamente a la empresa Industrias Argüelles Servicios Generales S.A.C.

Sudaca ha calificado a Guardamino como un «defensor de los derechos territoriales» y señala que su asesinato «resalta las amenazas que enfrentan los líderes comunales en su lucha por defender sus territorios frente a intereses económicos y políticos». La investigación de este medio detalla que la venta se habría realizado en diciembre de 2016, cuando el entonces presidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortiz, con documentación falsificada que incluía actas de asamblea general y estudios topográficos, transfirió el predio por S/600 000, una suma muy inferior a su valor real estimado en aproximadamente S/5.5 millones. La operación se habría concretado mediante un cheque de gerencia y tenía como propósito desarrollar el relleno sanitario «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en el terreno obtenido ilícitamente.

Según la información publicada por La República, Guardamino asumió la presidencia en un contexto de grave crisis comunal y emprendió acciones civiles y penales para anular el contrato. Logró que el 4to Juzgado de Lima Norte condenara en primera instancia a Mosquera Ortiz a cinco años de prisión efectiva, reducida a cuatro años suspendida en segunda instancia, y que se iniciara proceso contra la exgerente de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, por falsificación de documentos. Asimismo, Aniceto Argüelles Loayza, dueño de la empresa, fue condenado por intentar sobornar a la jueza que llevaba el caso.

En la última reunión comunal que presidió el 1 de abril de 2024, Guardamino dejó constancia en acta de que dos sujetos en motocicleta lo habían buscado, disparado al aire y advertido «que no me meta con el relleno sanitario» de Industrias Argüelles. Su familia declaró a La República que Guardamino repetía: «Mi cabeza está pedida, a mí en cualquier momento me van a matar».

El asesinato ocurrió horas después de que la comunidad aprobara un acuerdo con la empresa Petramás para financiar el litigio y comprar el terreno si se recuperaba judicialmente. Guardamino debía declarar ante la Corte Suprema el 3 de abril de 2024 en el proceso de nulidad del contrato, expediente N° 7399-2023, testimonio clave que podría haber determinado la anulación de la compraventa y la restitución de las tierras a la comunidad. Su muerte truncó esa posibilidad.

El fiscal Renato Lavy Cora archivó la investigación del asesinato por «falta de pruebas», según reportó La República, pese a que la familia denunció que los cinco teléfonos celulares de la víctima, que contenían audios de las amenazas, no fueron periciados por falta de recursos técnicos. La familia apeló la decisión y actualmente el caso se encuentra en la 1° Fiscalía Superior de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Daniel Jara Espinoza, de acuerdo con la información de Sudaca. La viuda de Guardamino declaró a La República: «Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar… la más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles».

Este es un caso más en una larga lista de defensores del territorio asesinados en el Perú. Según Global Witness, en 2024 fueron asesinados cuatro líderes indígenas en el país, lo que ubica al Perú entre los ocho países más peligrosos del mundo para defensores ambientales y territoriales .Entre 2012 y 2024, esta organización ha documentado al menos 62 asesinatos de defensores en territorio peruano, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas .