APURÍMAC: MÁS QUE UN ESTADO DE EMERGENCIA (Boletín AMP # 226 – Abril 2018)

Fuerzas Armadas en campamento minero de Las Bambas, cumplen labores de apoyo a la Policía Nacional ante la declaratoria de emergencia. Foto: Ejército del Perú.

Los recientes hechos ocurridos en Apurímac, donde opera el gigante chino MMG Las Bambas, llevan a preguntarse qué rol está jugando la Policía Nacional del Perú en el marco de los conflictos mineros.

El último episodio tiene visos de escándalo: la región policial envió un oficio negándose a brindar seguridad en una sesión descentralizada del Consejo Regional en Challhuahuacho, argumentando que los efectivos iban a estar en Abancay participando de las festividades departamentales. El Consejo estaba convocada para tratar un conjunto de temas que involucran a la empresa minera: la tercera modificatoria a sus estudios ambientales, las denuncias de irregularidades en la transacción de venta entre Glencore y MMG, y el estado de emergencia prolongado en el corredor minero.

Debido a lo que consejeros consideraron un “sabotaje” de la Policía y una interferencia en sus funciones de representación política, esta importante sesión no pudo realizarse. Uno de los elementos más graves es la estigmatización que la carta de la Policía hace de la población de Challhuahuacho, al afirmar que como hubo protestas en el pasado, correría peligro la “integridad física” de los consejeros. Como si los challhuahuachinos fueran personas de naturaleza violenta y las autoridades regionales no pudieran reunirse en dicha localidad. Increíble.

Este es un paso más en la estrategia de control del territorio que viene desarrollando el Gobierno en esta zona, donde se ubica una inversión minera clave pero que viene recibiendo cuestionamientos por parte de la población. Como se sabe, desde agosto del año pasado varias localidades viven bajo estado de emergencia, situación que a inicios de este año se amplió a todo el corredor minero que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa. Además, la vía se ha militarizado.

Pero lo que llama la atención es el papel parcializado de la Policía, entidad que cuenta con un Convenio con la empresa Las Bambas firmado en octubre de 2016. El convenio permite que efectivos policiales –con el uniforme, arma y herramientas institucionales pagadas por el Estado– brinde servicios de seguridad a la empresa privada, a cambio de una contraprestación económica. Esta es la misma entidad que elabora los informes que sustentan la declaratoria de estado de emergencia, y que ahora interfiere en la realización de sesiones del Consejo Regional. ¿A quién responden las fuerzas del orden en Cotabambas?

30/04/2018