EDITORIAL – EL NUEVO INFORME DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS – (BOLETÍN AMP N°246, DICIEMBRE 2019)

Foto: CooperAcción

El pasado 11 de diciembre se presentó en una rueda de prensa el 25° informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM). El informe destaca que desde el mes de mayo se ha registrado un alza sostenida de la conflictividad social ligada a actividades mineras, que ha tenido como pico el mes de octubre y noviembre.

Si bien los conflictos no han sido tan visibles en medio de la fuerte crisis política que el país ha vivido a lo largo de casi todo el año, casos como el de Las Bambas, Tía María, entre varios otros, han estado fuertemente presentes y han demandado en varias oportunidades, la intervención de comisiones de ministros y hasta la presencia del propio presidente del Consejo de Ministros.

En relación a la geografía del conflicto, sigue siendo Ancash la región que concentra regularmente el mayor número de conflictos, seguida por regiones como Cusco, Loreto, Puno y Apurímac, entre otras que varían su ubicación según los meses del reporte. Al organizar la información por macroregiones, se aprecia la preponderancia de los conflictos en la macro sur (42%) explicado por los sucesos en torno al corredor minero, seguido de la macro norte (38%) y centro (20%).

Al margen de los casos de conflictos más notorios, el informe del OCM identifica algunos temas que están a la base de las demandas sociales. Algunos casos muestran la precariedad y la falta de legitimidad social de los instrumentos de certificación ambiental: Estudios de Impacto Ambiental, Informes Técnicos Sustentatorios, vienen siendo cuestionados en conflictos como el de Las Bambas y Tía María. Otros casos, como el del proyecto Corocohuayco en la provincia de Espinar, también son una clara evidencia que no se respeta el derecho a la consulta previa, libe e informada que tienen nuestros pueblos indígenas.

También el tema las poblaciones afectadas por metales pesados aparece en la agenda como un tema crucial. En este aspecto cabe destacar que el Poder Judicial hizo pública hace una semanas una sentencia por el caso de contaminación en Espinar (Cusco) que ordena al Estado peruano, en el plazo de noventa días, diseñar e implementar una estrategia de salud pública de emergencia para la población de la provincia cusqueña. Al margen del caso específico de Espinar, la sentencia resulta especialmente importante porque sienta un importante precedente para todas las poblaciones afectadas por metales pesados.

Finalmente, otro caso que pone en relieve el informe del OCM tiene que ver con la problemática del agua en los conflictos mineros. Como se sabe, aproximadamente un 30% de los conflictos vinculados a la minería tienen que ver con temas de acceso y contaminación a las fuentes de agua. En este caso se han visibilizado los posibles impactos del proyecto minero Ariana que se ubica precisamente en medio de toda la infraestructura hídrica que abastece de agua a la ciudad de Lima.

El informe del OCM señala que tanto los casos señalados como los temas que aparecen en la agenda, podrían complicarse el próximo año si es que no son adecuadamente abordados por el gobierno del presidente Vizcarra. Ésta en gran medida la agenda pendiente: el Estado peruano debe buscar recuperar la confianza de la población como actor neutral que precisamente tiene como tarea principal garantizar la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones.