El complejo camino de la lucha por la salud ambiental y humana en el Perú

Hace menos de dos años el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció públicamente que el “asunto” de la contaminación de ciudadanas y ciudadanos, por metales tóxicos principalmente en zonas en donde se desarrollan actividades empresariales mineras, petroleras e industriales, es un problema de salud pública nacional.

Que el MINSA ponga en agenda la afectación de la salud humana por metales fue resultado de las luchas en varias partes del Perú. No podemos dejar de mencionar los constantes reclamos y movilizaciones de los afectados de la ciudad de Pasco, Espinar o La Oroya, así como las protestas de las comunidades indígenas amazónicas en la zona denominada Cuatro Cuencas o Chiriaco; lugares que en los últimos años han sido escenarios de conflictos por la precaria atención para las víctimas de la contaminación.

Imagen: CooperAcción

En el 2017 estas luchas se encontraron para organizar e impulsar la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, la cual entendió que el reclamo por la salud ambiental y humana en las zonas impactadas por los proyectos mineros, petroleros o industriales, necesitaba de un trabajo colectivo y articulado para lograr una política nacional multisectorial e integral que pudiera alcanzar una atención preventiva y especializada.

Para los integrantes de la plataforma queda claro que los estados de emergencia decretados en las zonas petroleras o mineras no son suficientes para solucionar un problema que tiene que ser asumido de manera multisectorial por el Estado, respondiendo con políticas, presupuestos, y personal capacitado en prevención y atención especializada para las personas afectadas por metales tóxicos a nivel nacional.

Para impulsar esta demanda, la plataforma ha venido desarrollando diversas acciones de fortalecimiento organizativo, así como de denuncia y acciones para visibilizar su plataforma de lucha. Es importante destacar su participación en la V Audiencia de la Comisión de Pueblos Indígenas: “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de salud por contaminación con metales pesados y oros asociados a minería e hidrocarburo” realizada el 8 de julio, así como la primera reunión nacional “Mujeres, territorios y salud ambiental” realizada el 11 y 23 de setiembre y que contó con la participación de 30 mujeres de las provincias de San Mateo, Loreto, Bagua, Pasco, La Oroya, Lima, Melgar, Hualgayoc, Moquegua, Huancayo y Espinar, donde se logró el objetivo de construir una agenda de las mujeres rumbo al encuentro nacional.

El II Encuentro Nacional de afectados y afectadas se desarrolló bajo el lema “Salud, Territorio y agua para los pueblos” realizado del 30 de setiembre al 4 de octubre. Este tuvo como objetivo evaluar las principales acciones de los dos años de creación de la Plataforma, fortalecer la red de afectados y afectadas, y planificar acciones nacionales y regionales en los territorios en donde está presente la Plataforma.

Un logro de la plataforma es que se ha consolidado como un espacio reconocido por el Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), llevando la voz de los afectados y afectadas a nivel nacional. El pasado viernes 4 de octubre, tuvieron una importante reunión con la PCM en donde el viceministro Molina se comprometió a emitir el Decreto Supremo para instalar la comisión multisectorial a inicios de noviembre. A pesar de estas acciones que se han realizado, la agenda de lucha de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas sigue sin resolverse. En este momento dos son los temas centrales que la plataforma está demandando al Estado: la creación de La Comisión Multisectorial y el Abordaje Integral que debe asumir el MINSA para la atención de los afectados.

La Plataforma Nacional viene solicitando una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, dada la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú. La propuesta es que esta comisión esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y deba encargarse de elaborar un primer informe técnico que fundamente la propuesta del Plan multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y sustancias químicas, así como del seguimiento, implementación, evaluación y cumplimiento del plan multisectorial de parte de todos los ministerios, de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas que buscan una atención preventiva, integral y especializada.

Atención que sea integral de verdad

La segunda demanda es que se implemente una atención adecuada a las personas afectadas por metales tóxicos. En los últimos días hay mucha preocupación por la posibilidad de que se apruebe una directiva administrativa que no solucione el problema, sino que más bien perjudique lo avanzado hasta ahora en atención a las y los afectados. Si bien se reconoce que es importante una articulación e integración mayor de sectores y niveles de gobierno para el real cumplimiento de una atención integral, así como asegurar los recursos necesarios mediante una intervención desde los planes y presupuestos nacional y regional, es real que la débil rectoría del MINSA en cuanto a las políticas y programas nacionales y directivas para la identificación, priorización y atención de las poblaciones afectadas por la contaminación ambiental, no garantiza que el problema de la atención mejore en las zonas donde se requiere la implementación de un abordaje integral a las personas afectadas.

Por eso es importante que la aprobación de cualquier directiva esté respaldada con los mayores consensos, acuerdos formales, acciones de coordinación, mandatos normativos, compromisos y decisiones vinculantes que les permita efectuar las funciones y tareas con legitimidad y aceptación. Debe ser una acción conjunta multisectorial, multi e inter disciplinaria, que optimice el uso de los recursos y gane en eficiencia.

En resumen, estos han sido dos años intensos de lucha de la Plataforma Nacional que nos deja varias lecciones para los que venimos apoyando el proceso de construcción de un espacio de articulación nacional. La primera es que a pesar de la fragmentación social es posible hacer alianzas, articular y sumar acciones a nivel nacional que permitan avanzar en la defensa de derechos, en este caso el de la salud ambiental y humana. Segundo, que es posible ir uniendo las agendas de las y los afectados de comunidades amazónicas y comunidades andinas en una sola agenda nacional. Tercero, que las mujeres afectadas tienen impactos diferenciados en el cuerpo y viven de manera distinta los impactos en el territorio y que tienen una importante fuerza movilizadora dentro del movimiento. Y por último, que es posible ir construyendo un movimiento nacional por la salud ambiental y humana en el Perú que busque una atención preventiva, integral y especializada de personas contaminadas por los metales tóxicos en el Perú.

16 de diciembre de 2019