Presentan en Lima investigación sobre calentamiento global y actividades extractivas

Foto: CooperAcción

El Foro público “Impacto de las actividades extractivas en el calentamiento global: Reflexiones hacia la COP25 desde América Latina” organizado por la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE), Grupo Propuesta Ciudadana, Natural Resource Governance Institute y CooperAcción presentó un estudio que reúne esfuerzos de organizaciones en ocho países de la región. El evento, realizado el día 04 de diciembre en Lima, generó aportes al debate sobre la necesidad del cambio a una matriz de energía renovable en la región, que en casos como el Perú es un debate postergado.

El estudio presentado plantea respuestas para enfrentar al calentamiento global desde una perspectiva ciudadana y crítica. Los cálculos del IPCC indican que es necesario quintuplicar los compromisos para detener la generación de gases de efecto invernadero para no superar el límite de 1.5 C° de calentamiento global. Esto quiere decir que no es posible continuar con la explotación de hidrocarburos y continuar con la producción en los términos que se vienen dando y, en cambio, es necesario aumentar la extracción de minerales como el litio para sostener la transición a una matriz energética sostenible.

Ante estas predicciones, sin embargo, surge el “Imperativo extractivista” una narración diametralmente opuesta que plantea la necesidad de flexibilizar los estándares ambientales, sociales y fiscales para no dejar de extraer hidrocarburos en una “carrera hacia el fondo” para mantener la rentabilidad del sector hidrocarburífero. Lo cierto es que simplemente retirar los combustibles fósiles podría ser catastrófico.

¿A quién le corresponde dejar de extraer? y ¿cómo? Para lograr mantener el petróleo bajo tierra el estudio del RLIE evidencia dos condiciones como respuesta. Compensar a los gobiernos lo que se deja bajo tierra con un fondo internacional y que los principales países contaminantes asuman el recorte de su extracción proporcionalmente. Esto pasa, a su vez, por garantizar los derechos de consulta de los pueblos indígenas y locales ante la intervención de las actividades extractivas, estableciendo una democratización en la toma de decisiones para revertir la carrera hacia el fondo que actualmente ha puesto a América Latina como la región con mayor número de conflictos mineros en el mundo.

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Haroldo Montagu, especialista internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que tras el superciclo de commodities, la región recibe un volumen menor de productos que el que exporta en materia prima. Destacó que la crisis multilateral y multidimensional que representa el cambio de matriz energética alterará la geopolítica mundial.

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Según Silvia Molina del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) (Bolivia) “No hubo señales de reducir emisiones en la región en este periodo”. Las recientes experiencias en la región evidencian que la crisis climática es una crisis estructural y compleja que incorpora dimensiones políticas, sociales y ambientales. En Bolivia ha ocurrido un violento proceso de desplazamiento interno hacia las urbes producto del empobrecimiento del ámbito rural y que es aprovechado para la explotación extractiva de los territorios.

Carlos Monge del Natural Resource Governance Institute – NRGI, quien presentó el estudio, enfatizó que las investigaciones del IPCC son una narrativa científica contundente, pero que lograr los cambios indicados requiere que este mensaje cale en la clase política. En este sentido, el reto más difícil será convencer a quienes constituyeron su riqueza y poder con 150 años de extracción de hidrocarburos a asumir su responsabilidad histórica.

06 de diciembre de 2019