EDITORIAL – QUE NO SE PIERDA EL DEBATE SOBRE LA LEY GENERAL DE MINERÍA – (BOLETÍN AMP #242- AGOSTO 2019)

Foto: Diario Correo

Las semanas han pasado y la propuesta del presidente Vizcarra de que el país discuta una nueva Ley General de Minería no debería pasar a un segundo plano. Como señaló el presidente peruano en el discurso de 28 de julio, “la norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”.

Los gobernadores regionales del sur vienen preparado una propuesta de ley y lo mismo ha sido anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR). En el Congreso hay identificadas, por lo menos, dos propuestas de ley. En paralelo, diversas fuerzas, sobre todo del lado empresarial y algunos de sus voceros oficiales y oficiosos, se resisten a la posibilidad: el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se ha mostrado en contra de la propuesta. En el mismo sentido se ha pronunciado la presidente de la CONFIEP y otros líderes empresariales.

En este contexto, no habría que dejar de mencionar que, entre septiembre de 2018 y enero 2919, se desarrolló un proceso multiactor que tuvo como principal producto un documento de “Visión de la Minería en el Perú al 2030”. Entre los atributos que se proponen para la minería al 2030, se menciona que esta actividad debe operar en un marco de buena gobernanza; lo que significa que debe estar comprometida con el sistema democrático e implementar acuerdos sobre el desarrollo, “con la participación de todos los sectores y niveles de gobierno, del sector privado, de la sociedad organizada y de las comunidades; asegurando la coordinación intersectorial, multinivel y multiactor. Así, junto con el Estado, logra prevenir, gestionar y transformar los conflictos en oportunidades de desarrollo y paz social”.

Bajo la misma orientación, en la “Visión 2030”, se plantea que con la participación de las empresas mineras, representantes del Estado, organismos no gubernamentales y la academia, el Estado peruano debe promover la mejora continua del marco normativo y regulatorio para garantizar el respeto de los derechos de todos los actores involucrados, asegurar el estado de derecho y promover el uso transparente de los recursos fiscales generado por la minería.

Hay que entender la definición de una nueva Ley General de Minería en ese proceso. El país tiene que avanzar, sacando lecciones de lo que ha venido pasando en los territorios, haciendo los ajustes necesarios: la perspectiva es construir una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas que permita construir los equilibrios que, a todas luces, están haciendo falta.