EDITORIAL – UNA NUEVA OFENSIVA CONTRA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (Boletín AMP #239, Mayo 2019)

Estamos viviendo un nuevo capítulo de la batalla contra el OEFA que, en esta ocasión se ha trasladado a la esfera del Tribunal Constitucional (TC). Como lo han señalado varias instituciones de la sociedad civil, el TC debe emitir su fallo en los próximos días sobre las demandas de amparo presentadas por las empresas Perubar y Cerro Verde contra el aporte por regulación que realizan al OEFA.

En un comunicado publicado la semana pasada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se menciona que la Corte Suprema ya se había pronunciado con anterioridad en un proceso de acción popular a favor de la constitucionalidad y legalidad del decreto supremo que establece el aporte por regulación, declarando infundada la demanda interpuesta en contra de ella por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). En el comunicado se afirma que este fallo constituye cosa juzgada, por lo tanto, no debería darse un pronunciamiento en sentido contrario: “Si el TC declara fundada la demanda de amparo en este sentido, podría vulnerarse la calidad de cosa juzgada, la seguridad jurídica que tanto cuesta lograr en el Perú y la importancia de la acción popular como una garantía constitucional de nuestro Estado”.

Además se advierte que un fallo favorable para las empresas mineras no solamente sería un duro golpe a la fiscalización ambiental, sino que “obligaría al OEFA a devolver a las empresas aportes recaudados desde el 2014, que en conjunto suman aproximadamente S/ 696 millones”.

La propia Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado a través de un comunicado público el pasado 10 de mayo: “La fiscalización ambiental es de máxima importancia para la protección del derecho a un ambiente sano en nuestro país, pues asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental en beneficio del entorno, la vida y la salud. Por este motivo, el OEFA requiere contar con capacidad técnica, autonomía y sostenibilidad presupuestal que le permitan una eficiente labor y, para ello, las empresas supervisadas deben asumir los costos de la fiscalización ambiental. De lo contrario, se afectaría gravemente el rol que cumple este organismo”.

Además, se subraya que el OEFA tiene a su cargo la supervisión ambiental de importantes proyectos extractivos, como el controvertido proyecto minero Las Bambas (en la provincia de Cotabambas, Apurímac), Antapaccay (en la provincia de Espinar, Cusco), así como las actividades petroleras en los Lotes 8 y 192: “Para el 2019, se tienen programadas casi 7800 acciones de fiscalización ambiental. Con relación a la actividad minera, dicha entidad había priorizado la supervisión de 115 casos de alto riesgo ambiental en 30 unidades mineras, que involucran 77 puntos de vertimiento de efluentes en 47 cuerpos de agua. Un recorte del 74% del presupuesto para este año impediría cumplir con estas tareas adecuadamente”.

La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a la responsabilidad y a evitar debilitar la fiscalización ambiental en nuestro país. No se puede “poner en riesgo la institucionalidad ambiental y, en consecuencia, la protección del derecho de la población a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”. Todos los índices de desempeño ambiental muestran graves retrocesos, problemas de institucionalidad y debilitamiento de nuestras políticas públicas.

Si se sigue la tendencia actual, cada vez nos alejaremos más del objetivo de construir una verdadera gobernanza ambiental en el país, tal y como lo sugieren los estándares de los países de la OCDE. Hay que prender todas las alarmas y alertar sobre acciones que buscan seguir debilitando nuestra institucionalidad ambiental como ocurre en la actualidad con el OEFA.

La tarea debería apuntar a revertir esta tendencia, recuperar el espacio perdido en los últimos años y terminar de construir una verdadera gestión ambiental transversal, acercándola a los territorios. No hay que perder de vista que todos los meses la Defensoría del Pueblo nos recuerda que la gran mayoría de conflictos sociales tienen como origen demandas ambientales que se expresan precisamente en los territorios a los que el Estado peruano debería llegar con instituciones fuertes.