La Agenda de Derechos Humanos en el Caso Las Bambas

Hoy se ha instalado la Mesa de Justicia y Derechos Humanos en la zona de influencia del proyecto Las Bambas. Este tema tiene que ver con varios puntos: la situación de los líderes criminalizados, el apoyo humanitario a los familiares de las víctimas del conflicto y las investigaciones sobre esas muertes.

Imagen: CooperAcción

Para entender el tema de la criminalización y lo que está en juego es necesario recordar que la empresa minera Las Bambas y la población de su entorno tienen una relación que en muchos momentos ha devenido en protestas y en el estallido del conflicto. Esto ha dado lugar a múltiples denuncias contra grupos de dirigentes y/ o comuneros. Algunas de ellas han sido presentadas por la propia empresa minera, otras por la Policía Nacional, la Procuraduría del Ministerio del Interior o el Ministerio Público.  Tenemos entendido que existen procesos desde el 2012 y que hasta la fecha no se han resuelto.

En relación al conflicto de setiembre de  2015  hay  un proceso judicial y una investigación fiscal.  En la investigación fiscal se encuentran comprendidos los principales dirigentes provinciales que lideraron el proceso de diálogo el año 2016. Se les denunció entre otros delitos por asociación ilícita para delinquir por el solo hecho de pertenecer al Frente de Defensa de los Intereses y por el Desarrollo de Cotabambas. Las pruebas en contra las aportó la empresa, se trataba de numerosos videos que cuando fueron visualizados no tenían nada concreto en contra de los denunciados.

Pese a lo ocurrido, la investigación todavía no concluye y ya han transcurrido cuatro años.  Para los dirigentes ha sido difícil contar con abogados para garantizar su defensa.  Irónicamente, la empresa constituida en parte civil, ha tenido  el patrocinio del prestigioso estudio de Abogados Caro y Asociados. El haber sido comprendidos en  una investigación fiscal ha llevado a que muchos dirigentes se replieguen y que las poblaciones o comunidades pierdan interlocutores  que son su principal canal de expresión.

El 2016 hubo un nuevo conflicto al que se le suma el actual. Se presume que frente a esos hechos existen  denuncias. El problema es que no hay un registro o una base de datos en el Ministerio Público de esos casos que permitan afirmar a ciencia cierta cuántas son.

Si bien queda claro que la ley debe ser respetada y se sanciona su incumplimiento, también debería ser claro que nadie debería ser procesado por defender sus derechos y protestar por lo que considera injusto. Esto es la esencia de la democracia.  En este escenario debería estar fuera de duda que si existen denuncias sin evidencias, quienes las formularon  y se encuentran apersonados como parte en el proceso o investigación, deberían desistirse.  Activar esos procesos o investigaciones  sin que existan las evidencias necesarias,  no solo son actos poco éticos sino también crueles, más aún cuando los denunciados no tienen las posibilidades económicas para defenderse.

Si bien la Fiscalía y el Poder Judicial son autónomos y no pueden sufrir interferencias en el ejercicio de sus funciones, consideramos que si pueden ser exhortados por el Ministerio de Justicia para que en aquellos casos que se haya producido una instrumentalización del derecho penal con la finalidad de neutralizar la protesta social, se archive toda persecución injusta.

En CooperAcción consideramos además que la problemática de la criminalización requiere ser abordada con acciones muy concretas para prevenir nuevas situaciones similares. Frente a ello se ha venido proponiendo, entre otras cosas, que existan protocolos para la actuación de la Policía y la Procuraduría del Ministerio del Interior que ayuden a evitar la criminalización de la protesta. Asimismo, se ha planteado la necesidad de revisión de los tipos penales de extorsión y asociación ilícita para delinquir a fin que éstos no se desnaturalicen siendo utilizados indebidamente contra líderes sociales.

24 de abril de 2019