Urgente para negociar: en Las Bambas la gente no olvida

Por Vanessa Schaeffer

Quintino Cereceda salió de su casa a protestar. Furioso, indignado, dispuesto a todo. Sombrero y waraca en mano, se despidió de Antonia, su mujer, y les dio el alcance a otros comuneros. Todos juntos se reunieron en la carretera, donde hace unos días habían cavado zanjas y piedras para bloquear el paso de esos camiones gigantes que todos los días sacaban el mineral de la empresa minera MMG.

Quintino nunca regresó. Ese día murió baleado. Alguien grabó cuando lo mataban arriba en el cerro, dentro de su propia comunidad. A más de 300 metros de la carretera donde se habían parado a protestar.

Quintino murió por disparos de la Policía. Un comandante había ordenado el desalojo de los más de 1500 comuneros que tomaron la vía. Durante el enfrentamiento, los efectivos respondieron a las waracas y piedras, con metrallas y pistolas. Los policías persiguieron a Quintino hasta el cerro y lo mataron un 14 de octubre del 2016. Antonia todavía lo llora y reclama en quechua; no entiende, ni habla español. Hasta hoy, no hay ningún responsable.

Por supuesto, la Policía debe cumplir con su deber. Bloquear carreteras es un delito y en el enfrentamiento puede haber daños colaterales, hasta muertes y heridos. Pero este no es el caso de Quintino, ni el caso de Las Bambas.

Los efectivos de la PNP que siguieron a Quintino y le dispararon a muerte en su propia comunidad, tenían un contrato con la empresa minera. En Las Bambas, desde hace algunos años la empresa MMG contrata con la PNP para la “custodia, vigilancia y seguridad permanente del personal de Las Bambas en el área de influencia del proyecto minero”[i].

Por estos contratos los efectivos policiales reciben entre 100 a 120 soles diarios por sus servicios para la empresa y también se les paga a los oficiales que dirigen la operación. Por su parte, la PNP se obliga[ii] a destacar al área de Las Bambas a 50 policías, lo que puede aumentar “de acuerdo al requerimiento de la empresa”[iii]. Los policías deben presentarse voluntariamente, estando de vacaciones o también en servicio “si la situación lo amerita”[iv]. Por su pobre equipamiento, la empresa les ha dado a los efectivos chalecos, alimentación, transporte y equipos; muchas veces duermen dentro de la mina. Durante los conflictos en el 2015 y 2016, cuando murieron Quintino y otros tres comuneros más, por estos contratos la PNP recibía dinero directo de la empresa MMG Las Bambas, en mano, sin ningún mecanismo de control institucional. En total, MMG Las Bambas va pagando -entre 2015 y agosto de 2018- más que cuatro millones de soles (S/. 4’133,606.86).

Con un evidente interés en el pago por sus servicios, la Policía Nacional del Perú se ha convertido en guardia de seguridad privada de la mina. Los efectivos, con sus uniformes y armas reglamentarias, cuidan las instalaciones de la empresa 24 horas al día y acuden ante cualquier protesta o manifestación, para reprimirla violentamente. ¿Quién se encarga de la seguridad de todos los demás ciudadanos en Las Bambas? ¿A quién acudir? Pues a la policía, imposible.

Y no solo es eso.  Resulta además que el director de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac que coordinaba la ejecución y cumplimiento del contrato PNP-MMG Las Bambas (2017-2019),  es el mismo oficial que solicitó la declaración de Estado de Emergencia en la zona de influencia del proyecto[v]. Como sabemos, Cotabambas y las provincias del corredor se han convertido en una zona de  Estados de Emergencia permanentes, establecidos una y otra vez, a manera de “prevenir el conflicto”[vi].  Con estas declaratorias de emergencia varios efectivos policiales han llegado – ¿a pedido de la empresa?- al corredor minero para reprimir a la población. El resultado: las comunidades del corredor han vivido estos años entre la limitación arbitraria a sus derechos a la reunión y a la protesta, la vigilancia y represión policial permanente,  denuncias penales al por mayor contra los dirigentes (más de 100 denunciados), y un ambiente de temor y profunda desconfianza ante todo, entre todos.

En estas circunstancias negociar, intentar creer en la palabra de la empresa y las autoridades, es iluso. Con las cosas así la toma de carreteras, la manifestación y protesta o son “extorsión”, quizás son la única manera que la gente ha encontrado para equiparar la balanza de poder e intentar que las cosas funcionen.

Este es un llamado urgente al gobierno de Martín Vizcarra para que revise lo que está en juego con este tipo de contratos. Es un llamado también a la Policía Nacional del Perú para replantee la manera en la que actúa en la zona y evite la violencia y la muerte de más peruanos. Entendemos se han hecho algunos cambios (2017) en estos contratos, pero un grave conflicto de interés se mantiene ¿puede un policía actuar de manera imparcial con una promesa de dinero extra de por medio? ¿Quién protege a la población de Las Bambas? Los contratos de la PNP con las empresas mineras se crearon para proteger instalaciones, mercancías peligrosas y otros insumos de las minas; no estaban pensados para reprimir protestas sociales ni para vigilar, perseguir y asesinar a comuneros.

Finalmente, hoy día, 29 de marzo de 2019, el gobierno peruano ha declarado nuevamente estado de emergencia en Challhuahuacho y lo ha prorrogado en parte del Corredor Vial (en Colquemarca, Chumbivilcas, Cusco). Con un dirigente preso, con libertades recortadas como estrategia “prevenir” conflictos y con militares y policías a cargo en la zona ¿será posible negociar y llegar a acuerdos legítimos? Pronto sabremos la respuesta.

29 de marzo de 2019

[i], ^{ii, iii} y ^VI En:Informe temático sobre “Militarización y uso indebido de las fuerzas de seguridad del Estado en favor de empresas extractivas en Perú”. Presentado ante la CIDH por FEDEPAZ, DHSF, Grufides y RED MUQUI en el 2018.  Disponible aquí.

[v] Informe: Convenios entre la PNP y las empresas extractivas. Publicado el 2019 IDL, CNDDHH y Earthrights. Disponible aquí.

[vi] Para conocer más sobre la ilegalidad de estos estados de emergencia, aquí.