Noticias – Conflictos sociales ponen en alerta a los empresarios mineros (Boletín AMP #236, Febrero 2019)

El último reporte del BBVA Research da cuenta que los conflictos sociales ponen en jaque la inversión minera de cuatros grandes proyectos, los que actualmente se encuentran postergados, y que en conjunto suman una inversión cercana a los US$ 12,000 millones .

«Hay un segundo grupo de proyectos en cartera que se encuentran postergados por conflictos sociales. Son proyectos que en conjunto implican una inversión cercana US$ 12,000 millones. Entre los más grandes se encuentran Río Blanco, Conga, Galeno y Tía María «, refirió el economista jefe del BBVA Research, Francisco Grippa.

¿Ponen riesgo la inversión minera prevista para este año la no ejecución de estos proyectos? Al respecto, Grippa explicó que «no son un riesgo» al desarrollo de los US$ 6,000 millones de inversión proyectados para este año dado que estos cuatro proyectos no están incluidos en el escenario base del BBVA Research.

Foto: BBVA Research

«Para nosotros no existe un riesgo debido a que no están incorporados en el escenario base, solamente hemos incorporado en nuestro análisis Quellaveco, Mina Justa, Toromocho y Marcona. Estos cuatro proyectos juntos más los que están en pleno desarrollo de estudios de factibilidad, no están en el escenario base», argumentó.

Para el economista, más allá de lo que pueda ocurrir con la posición de las autoridades regionales sobre Río Blanco, Conga, Galeno y Tía María, «hay temas de fondo que todavía se van a tener que resolver» y que impedirían, por el momento, su desarrollo.

Grippa anotó que en el caso de los proyectos (Quellaveco, Toromocho, Minas Justa y Marcona) que respaldan el «auge de la inversión minera» esperada para este año, muchos de ellos se encuentran en etapa de construcción.

Como vemos los grupos empresariales están preocupados por la postergación de estos grandes proyectos mineros, pero no parecen darse cuenta de que poco o nada han hecho por tener una actitud más dialogante y coordinar con el estado para que las comunidades sean debidamente informadas y consultadas. Las comunidades aledañas o directamente afectadas por dichos proyectos tienen todo el derecho a expresar su voz y preocupación por los posibles impactos socioambientales de la minería en sus localidades.