Gobierno presenta propuesta de política para víctimas de contaminación
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Documento excluye casos de contaminación petrolera en la Amazonía
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Sociedad civil tiene 30 días para presentar observaciones
Paso adelante. Mediante Resolución Ministerial No 718-2018/MINSA, el Gobierno ha presentado la esperada propuesta de “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas”. Esta propuesta, prometida hace algunos meses por el Ministerio de Salud, es un importante logro de la lucha de las víctimas de contaminación, que exigen atención inmediata e integral a esta grave situación.
Sociedad civil tiene 30 días para presentar sus comentarios
En 19 regiones del país se ha identificado “un incremento de casos de personas expuestas a contaminación por metales pesados”, señala el documento en su diagnóstico. “Se tiene registrado un acumulado de 8954 casos de personas expuestas a metales pesados; de los cuales, el 91 % de ellos proceden de los departamentos de Pasco, Cusco y Junín, así como de la Provincia Constitucional del Callao”, se indica. Entre las principales fuentes de contaminación, el diagnóstico identifica tanto pasivos ambientales como unidades mineras activas. “Se ha identificado a 117 distritos calificados como áreas de peligro de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas”, especifica el documento.
Pese a ello, hay algunas ausencias notorias en el diagnóstico. Por ejemplo, en la identificación de áreas de riesgo prioritarias no se incluyen los casos de Chiriaco, en Amazonas, ni de Cuatro Cuencas, en Loreto, conocidos casos de derrames de petróleo donde existen personas contaminadas por metales tóxicos. Tampoco se incluye el caso de las poblaciones matsiguengas del Cusco contaminadas por mercurio.
Los casos de contaminación petrolera en la Amazonía no figuran en el diagnóstico presentado por el Ministerio de Salud
La propuesta establece cuatro lineamientos de política, cada uno con sus respectivas estrategias. El primer lineamiento se refiere al fortalecimiento de la capacidad gestión y organización del sistema de salud para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas. El segundo lineamiento tiene que ver con la mejora del acceso a la atención integral de servicios de salud, mediante la adecuada organización, oportuna capacidad de respuesta y el financiamiento de las prestaciones de salud. El tercer lineamiento busca fortalecer las intervenciones de gestión de riesgos y prevención del daño en salud, ocasionados por la exposición a contaminación por metales pesados y sustancias químicas. Finalmente, el cuarto lineamiento plantea fortalecer las intervenciones de promoción en salud mediante la articulación intersectorial e intergubernamental, con enfoque de gestión territorial, entendiendo que no se trata de un problema que se pueda resolver única y exclusivamente desde el sector salud pues depende de factores ambientales y de las políticas y decisiones de otros sectores.
A partir de la fecha, corre un plazo de 30 días para que la sociedad civil presente observaciones y propuestas. Al respecto, la Plataforma Nacional de Afectados realizará una segunda ronda de talleres en diversos territorios: Cusco, Loreto, Pasco, Junín, Amazonas, Lima, entre otros. Allí se recogerán las opiniones de la ciudadanía local, a fin de presentar observaciones de manera participativa.
Como se recuerda, hace dos semanas la Plataforma de Afectados presentó una Propuesta de Política de Salud Ambiental y Humana, tras una primera ronda de talleres en las localidades afectadas realizada con el apoyo de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana. En la propuesta de las víctimas de contaminación destacan la exigencia de una atención primaria que cuente con centros de salud implementados y con personal adecuado; así como la atención especializada e integral, con un seguimiento caso por caso (tal como ocurre con otras enfermedades). También destaca la urgencia de garantizar acceso al agua potable limpia y segura para las poblaciones afectadas, así como la exigencia al Ministerio de Ambiente de una fiscalización firme para que las empresas garanticen un ambiente sano. Finalmente, los afectados señalan que la política debe tener asignado un presupuesto adecuado, para que las promesas no se queden únicamente en el papel.
02 de agosto de 2018
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