Las victimas de un «Estado Tóxico»

(Foto: Amnistía Internacional)

Un informe internacional pone nuevamente en agenda la grave contaminación que sufren diversas comunidades del país, y la inacción del Estado ante las enfermedades que sufre la población afectada. “Estado Tóxico” es el nombre del informe difundido por Amnistía Internacional que relata dos casos emblemáticos: el de Espinar (Cusco), afectado por más de 30 años de actividad minera, y el de Cuninico (Loreto) afectado por contaminación petrolera. La respuesta del Estado para atender la salud de la población en estas localidades es “absolutamente inadecuada”, afirma el documento.

Durante la presentación del informe, Melchora Surco, mujer campesina de Espinar, relató cómo su nieto regresó feliz luego de hacerse exámenes médicos: “Me han dicho que tengo metales en mi cuerpo, cuando sea grande voy a vender esos metales y voy a ser rico”. Otro testimonio es el de Carmen Catalina Chambi, quien cuenta en el documento que cuatro de sus seis hijos están enfermos, uno de ellos nació con un oído bloqueado y a otro le tuvieron que extirpar un quiste de un pulmón. Estos desgarradores testimonios muestran en toda su crueldad la realidad de la contaminación que perjudica la salud y el futuro, especialmente de los niños de diversas comunidades.

En el caso de Espinar, hace más de siete años se conoce de la contaminación que afecta las fuentes de agua de la población. Desde el primer informe de CENSOPAS de 2010, que encontró que las 506 personas evaluadas tenían arsénico, cadmio, mercurio y plomo, se han hecho multitud de nuevos análisis que confirman la gravedad de la situación, incluyendo el estudio integral que fue producto de la Mesa de Dialogo instalada tras las protestas de 2012.

La lenta atención del Estado a la salud de la población no se corresponde con la urgencia de la situación. Luego de meses de trabajo, dicha Mesa de Diálogo –que entonces fue publicitada por el gobierno central como uno de los casos más exitosos de diálogo y negociación multiactor- culminó con un Plan de Inversiones y un Plan de Acción Ambiental. Pero hasta el momento los compromisos no se han cumplido, lo que motivó a un paro provincial en noviembre pasado. La Comisión de Alto Nivel que se conformó entonces estableció nuevos compromisos y nuevos plazos para los planes elaborados en el 2013. Una de las principales promesas es la construcción del nuevo hospital de Espinar.

En ese momento, la ahora ex ministra de Salud, Patricia García, señaló que actualmente no existe una guía para manejo de metales pesados en el país, y declaró que los planes y compromisos en materia ambiental producto de la Mesa de Diálogo de Espinar del 2013 no fueron ni son actualmente posibles. Por ello planteó que era necesario “transparentar la situación y sincerar las cosas” pues “no existen centros y tecnología especializada”.

Pero así como el Estado aún no atiende la salud de la población, tampoco ha sido capaz de identificar al responsable de la situación. El informe de la Mesa de Diálogo del 2013 concluyó que “las aguas superficiales y subterráneas, en algunos lugares cercanos a las actividades mineras de Xstrata Tintaya S.A., muestran una concentración de metales y otros elementos físicos y químicos superiores a los estándares de calidad ambiental establecidos” y que “ello supone una asociación entre dichos valores y zonas de actividad minera que tiene que ser examinada con mayor profundidad”. Los resultados preliminares del primer estudio concluido por el IPEN y otros producidos por OEFA apuntan a una asociación de los relaves mineros con la contaminación. Por ejemplo, sobre las relaveras de Huinipampa y Ccamacmayo, el informe del IPEN de 2014 indica que no se puede excluir que las aguas estén afectadas por las relaveras y recomienda la ejecución de estudios complementarios. La empresa minera sostiene que no tiene responsabilidad, en tanto que los testimonios de la población local señalan a las actividades de más de 30 años de la mina Tintaya como causa de la contaminación en la zona. Lo cierto es que, a la fecha, pese a tener pleno conocimiento de esta situación desde hace más de 7 años, el Estado aún no puede determinar quién es el responsable.

En su informe, Amnistía considera que “el Estado peruano ha incumplido por completo su deber de proteger a las comunidades de Espinar y garantizar su derecho a la salud”.

(Foto: Amnistía internacional)

El informe de Amnistía se refiere también al caso de Cuninico, comunidad de Loreto afectada por contaminación petrolera donde según estudios del Ministerio de Salud, más de la mitad de la población tenía niveles anormales de mercurio en la sangre. También se detectaron niveles alarmantes de cadmio y plomo en algunas personas, entre ellas niños y niñas. “Pese a que el gobierno declaró una emergencia de salud pública en la zona en 2017, no se han tomado medidas reales para proporcionar atención médica a las comunidades y abordar la contaminación del agua, lo cual incluye investigar la fuente de la contaminación”, señala la organización internacional, agregando que “El centro de salud más cercano a Cuninico está a una hora y media de distancia en lancha motora, y no cuenta con los especialistas requeridos para cubrir las necesidades de una población local expuesta a metales tóxicos”.

Estos casos nos recuerdan que en nuestro país existen demasiados ejemplos de poblaciones expuestas a grave contaminación. La Oroya, Andoas, Madre de Dios, Espinar y Cuninico son algunos de los casos emblemáticos y que muestran a un Estado que si bien es muy ágil para promover las inversiones extractivas, no es igual de diligente para proteger a las poblaciones de los impactos de dichas actividades.

19 de septiembre del 2017