EDITORIAL: EL PROYECTO DE LEY MAPE
El gobierno ha presentado el proyecto de Ley de Minería Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE) al Congreso de la República. Por lo tanto, la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados deberá iniciar el proceso de evaluación y el debate de la propuesta.
El actual momento tiene algunas similitudes con lo que ocurrió el año 2024, cuando el entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, presentó un proyecto de ley (N° 9555/2024-PE) sobre el mismo tema. El proyecto no fue bien recibido por el entonces Congreso y luego de un intenso debate y moción de interpelación de por medio, el ministro Mucho tuvo que renunciar antes de ser censurado.
¿Qué puede pasar en este nuevo intento de Ley MAPE? En principio, es poco probable que sea procesado adecuadamente y, menos aún, aprobado, antes de que termine la actual la legislatura. Los plazos son demasiado cortos para que, en primer lugar, se discuta a fondo un tema que sigue generando controversia y alineamientos diversos. Además, como es costumbre, la agenda legislativa en los últimos meses del año siempre está cargada con temas que son prioridad, como la aprobación del Presupuesto de la República, entre otros.
El otro factor a considerar es la reacción que viene provocando la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, el denominado régimen de consolidación que aplica a las personas con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ha recibido críticas desde polos opuestos. Un sector piensa que es una suerte de ampliación encubierta del REINFO y que nada garantiza que, cumplido el nuevo plazo, no pueda volver a ser ampliado. Mientras que desde gremios como la CONFEMIN se señala que la ampliación es insuficiente y que la propuesta no dice nada sustantivo sobre lo que sigue siendo uno de los cuellos de botella: el acceso a concesiones para que sean trabajadas por los mineros que no tienen la titularidad de derechos.
¿El proyecto de ley ayudará a encaminar la problemática de la pequeña minería y, sobre todo, de la informal y la abiertamenteilegal? Tal y como está planteado, es poco probable que esto ocurra. Al parecer, el foco sigue siendo la supuesta minería artesanal y la de pequeña escala, cuando el universo es otro: es la extensa informalidad y la ilegalidad que se han expandido en esta actividad. También se dejan de lado otros aspectos claves: se han cuidado de no tocar temas como el de las concesiones mineras, y es difícil pensar en una posible salida sin que se toque el acaparamiento de concesiones y el hecho de que casi no se deja espacio para otro tipo de operadores.
La propuesta tampoco reconoce la diversidad de situaciones: no es lo mismo la minería filoniana que explota vetas diseminadas, que la aluvial. No es lo mismo la realidad de los Andes que la de nuestra Amazonía. Tampoco es lo mismo lo que pasa en el sur andino del país con lo que ocurre en el norte. Cualquier intento de política pública debe partir por reconocer esta enorme variedad de situaciones.
Otras preguntas claves que siguen sin respuesta: ¿la minería artesanal y la de pequeña escala seguirán siendo tratadas como actividades al margen del marco general que rige el sector? ¿La ruta sigue siendo pensar en una ley específica de minería artesanal y de pequeña escala, desvinculada de la Ley General de Minería? ¿Es posible encontrar salidas sin que el Estado peruano asuma su rol de garante de derechos, que incluye una mayor presencia en los territorios, y que incorpore como aliados a las poblaciones?
Mientras no se aborden estos aspectos seguiremos entrampados, sin encontrar verdaderas salidas a la expansión de la minería informal y, sobre todo, de la abiertamente ilegal, que avanza con violencia en varios territorios. Por último, cabe preguntar a los diferentes estamentos vinculados a la minería, formal e informal: ¿cuánto están dispuestos a ceder en sus agendas de grupo para construir las salidas que están haciendo falta?